La cancillería iraní denunció ayer la orden de arresto internacional lanzada por la justicia argentina el viernes último contra cuatro diplomáticos de su país.
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Estos están acusados de haber participado en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994.
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«Si las informaciones relativas a esas órdenes de arresto son correctas, el gobierno argentino deberá reparar ese error. Y, en caso contrario, la República Islámica de Irán tomará las medidas apropiadas» contra la Argentina, dijo Hamid Reza Assefi, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, en declaraciones a una radio de su país.
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Assefi, además, sostuvo que aún no se suministraron pruebas convincentes sobre la participación de Irán en el ataque terrorista a la AMIA. Y acusó a algunos medios periodísticos de intentar responsabilizar a su país por el atentado. «Nosotros no dejamos de repetir que esos rumores e informaciones provienen de los medios sionistas», destacó.
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Las declaraciones del gobierno de Teherán se produjeron dos días después de que el juez federal Juan José Galeano ordenó a Interpol la captura internacional de cuatro iraníes sospechados de atentar contra la mutual judía en julio de 1994.
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En tanto, el canciller Carlos Ruckauf aclaró ayer que el pedido de captura para los cuatro sospechosos iraníes fue emitido por la Justicia, que en nuestro país es un poder independiente. «Espero que el gobierno iraní ponga a sus funcionarios en autos del sistema de división de poderes que tiene la Argentina.
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Los sospechosos
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La medida del juez Galeano incluye al ex ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán Ali Fallahijan, al ex consejero cultural de la embajada iraní en la Argentina Moshen Rabbani y al correo diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país, Barat Ali Balesh Abadi.
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El juez Galeano, por otra parte, mantuvo la orden de arresto internacional que pesa desde el 9 de agosto de 1994 contra Ali Akbar Parvaresh, un ex funcionario iraní cuyo nombre fue suministrado a la Justicia por un disidente de ese país.
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Así, el magistrado dio por acreditada en el fallo «la responsabilidad en el atentado a la AMIA de elementos radicalizados de la República de Irán».
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El fallo, de más de 400 páginas, es consecuencia de un pedido que le hicieron al juez Galeano los fiscales José Barbaccia y Alberto Nisman. Estos, anteriormente, habían solicitado la captura de 17 sospechosos a partir de informaciones proporcionadas por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), según dijeron fuentes judiciales.
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Un ataque criminal
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El derrumbe del edificio de ocho pisos de la AMIA -Pasteur 633, en el barrio porteño de Once- se produjo el 18 de julio de 1994, luego de que un coche bomba estalló en las proximidades de la mutual judía. El ataque terrorista provocó la muerte de 86 personas, mientras que otras 300 resultaron heridas.
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Se trató, según dijeron las autoridades de la AMIA, del mayor atentado antijudío desde la Segunda Guerra Mundial. En la Argentina vive la segunda mayor comunidad judía del hemisferio.
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Después de la voladura de la AMIA, tanto la Argentina como Irán retiraron a sus respectivos embajadores. Pero no interrumpieron las relaciones diplomáticas. No obstante, siempre estuvieron tensas debido a que Teherán negó varias veces en los últimos años cualquier responsabilidad que lo vinculara con el atentado terrorista.
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Mañana declara Matilde Menéndez
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La ex interventora en el PAMI Matilde Menéndez declarará mañana como testigo en el juicio por el atentado a la AMIA. Tendrá que explicar por qué, en abril de 1997, habló por teléfono con el abogado Mariano Cúneo Libarona acerca de un video robado del despacho del juez federal Juan José Galeano.
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Por esos días, el centro de la polémica fue un videocassette filmado por una cámara oculta en el despacho del juez que registraba un diálogo del magistrado con Carlos Telleldín. Hablaban de un pago de 400 mil dólares a cambio de la confesión de este último.
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A fines de marzo de 1997, el entonces también acusado ex comisario Juan Ribelli entregó ese video a Galeano en su despacho. El magistrado lo denunció por «coacción» y dijo que la cinta había sido robada de la caja fuerte de la oficina de uno de sus secretarios privados.
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Menéndez fue citada por el Tribunal Oral N° 3 para que declarara en esta causa, que tiene a Ribelli como acusado de «coacción» y de «partícipe necesario» en el atentado.
.<< Comienzo de la notaLa cancillería iraní denunció ayer la orden de arresto internacional lanzada por la justicia argentina el viernes último contra cuatro diplomáticos de su país.
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Estos están acusados de haber participado en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994.
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"Si las informaciones relativas a esas órdenes de arresto son correctas, el gobierno argentino deberá reparar ese error. Y, en caso contrario, la República Islámica de Irán tomará las medidas apropiadas" contra la Argentina, dijo Hamid Reza Assefi, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, en declaraciones a una radio de su país.
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Assefi, además, sostuvo que aún no se suministraron pruebas convincentes sobre la participación de Irán en el ataque terrorista a la AMIA. Y acusó a algunos medios periodísticos de intentar responsabilizar a su país por el atentado. "Nosotros no dejamos de repetir que esos rumores e informaciones provienen de los medios sionistas", destacó.
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Las declaraciones del gobierno de Teherán se produjeron dos días después de que el juez federal Juan José Galeano ordenó a Interpol la captura internacional de cuatro iraníes sospechados de atentar contra la mutual judía en julio de 1994.
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En tanto, el canciller Carlos Ruckauf aclaró ayer que el pedido de captura para los cuatro sospechosos iraníes fue emitido por la Justicia, que en nuestro país es un poder independiente. "Espero que el gobierno iraní ponga a sus funcionarios en autos del sistema de división de poderes que tiene la Argentina.
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Los sospechosos
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La medida del juez Galeano incluye al ex ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán Ali Fallahijan, al ex consejero cultural de la embajada iraní en la Argentina Moshen Rabbani y al correo diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país, Barat Ali Balesh Abadi.
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El juez Galeano, por otra parte, mantuvo la orden de arresto internacional que pesa desde el 9 de agosto de 1994 contra Ali Akbar Parvaresh, un ex funcionario iraní cuyo nombre fue suministrado a la Justicia por un disidente de ese país.
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Así, el magistrado dio por acreditada en el fallo "la responsabilidad en el atentado a la AMIA de elementos radicalizados de la República de Irán".
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El fallo, de más de 400 páginas, es consecuencia de un pedido que le hicieron al juez Galeano los fiscales José Barbaccia y Alberto Nisman. Estos, anteriormente, habían solicitado la captura de 17 sospechosos a partir de informaciones proporcionadas por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), según dijeron fuentes judiciales.
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Un ataque criminal
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El derrumbe del edificio de ocho pisos de la AMIA -Pasteur 633, en el barrio porteño de Once- se produjo el 18 de julio de 1994, luego de que un coche bomba estalló en las proximidades de la mutual judía. El ataque terrorista provocó la muerte de 86 personas, mientras que otras 300 resultaron heridas.
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Se trató, según dijeron las autoridades de la AMIA, del mayor atentado antijudío desde la Segunda Guerra Mundial. En la Argentina vive la segunda mayor comunidad judía del hemisferio.
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Después de la voladura de la AMIA, tanto la Argentina como Irán retiraron a sus respectivos embajadores. Pero no interrumpieron las relaciones diplomáticas. No obstante, siempre estuvieron tensas debido a que Teherán negó varias veces en los últimos años cualquier responsabilidad que lo vinculara con el atentado terrorista.
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Mañana declara Matilde Menéndez
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La ex interventora en el PAMI Matilde Menéndez declarará mañana como testigo en el juicio por el atentado a la AMIA. Tendrá que explicar por qué, en abril de 1997, habló por teléfono con el abogado Mariano Cúneo Libarona acerca de un video robado del despacho del juez federal Juan José Galeano.
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Por esos días, el centro de la polémica fue un videocassette filmado por una cámara oculta en el despacho del juez que registraba un diálogo del magistrado con Carlos Telleldín. Hablaban de un pago de 400 mil dólares a cambio de la confesión de este último.
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A fines de marzo de 1997, el entonces también acusado ex comisario Juan Ribelli entregó ese video a Galeano en su despacho. El magistrado lo denunció por "coacción" y dijo que la cinta había sido robada de la caja fuerte de la oficina de uno de sus secretarios privados.
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Menéndez fue citada por el Tribunal Oral N° 3 para que declarara en esta causa, que tiene a Ribelli como acusado de "coacción" y de "partícipe necesario" en el atentado.
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