La orden de detención abarca al ex ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán en 1994 Alí Fallahijan; al ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires Mohsen Rabbani; al diplomático iraní Ali Balesh Abadi y a Ali Akbar Parvaresh, quien ya tenía pedido de captura internacional desde el 9 de agosto de 1994.
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La resolución de 500 carillas, a la que accedió LA NACION, describe en 25 capítulos por qué el 18 de julio de 1994 la Argentina fue seleccionada para extender el campo de batalla del conflicto de Medio Oriente, por qué se eligió como objetivo el edificio de la calle Pasteur 666 y por qué el juez cree que algunos funcionarios iraníes de entonces planearon el ataque ejecutado por un comando suicida, que provocó 85 muertos.
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Los fiscales de la causa, Eamon Mullen, José Barbaccia y Alberto Nisman, sobre la base de un informe de inteligencia de la SIDE, habían pedido la detención de 17 iraníes a los que responsabilizaron por el ataque, pero el juez entendió que no había suficientes pruebas para procesarlos en caso de que fueran detenidos, por lo que libró exhortos a Estados Unidos y el Líbano pidiendo datos adicionales para pedir sus capturas.
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Lo curioso es que el juez entendió que no fue el Hezbollah como partido político el que planificó el ataque con apoyo del gobierno de Irán. Para el juez sólo fueron declamaciones sus amenazas de extender la guerra, pero no hay prueba para responsabilizarlo.
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No obstante, dijo que el ataque «tuvo lugar gracias a una red de inteligencia articulada por elementos radicalizados del régimen imperante en la República Islámica de Irán aquí asentados».
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Fuentes del Gobierno y de la fiscalía se quejaron anoche a LA NACION por los alcances de la resolución, que consideraron «limitados».
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El fallo fue fechado el 5 de marzo, pero se conoció ayer para gestionar las capturas y darle tiempo al Gobierno a proteger a sus diplomáticos y embajadas en el extranjero.
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Para el juez, la red de inteligencia que se instaló en el país estaba conformada por integrantes de los siguientes organismos oficiales del régimen iraní: Ministerio de Información (Vevak -Vezarat-e Ettalaat Va Nniyat-e Kashvar-; MOIS), Cuerpo de Guardias de la Revolución (Pasdaran), Ministerio de Cultura y Guianza Islámica, la Organización de Cultura y Propaganda Islámica, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Comercio -representado por la empresa Government Trading Corporation (GTC) en pleno vínculo con la Oficina de la Jihad Zasandeghi (Ministerio de la Reconstrucción o Cruzada de la Construcción). Todos tenían cobertura de empresarios, diplomáticos, estudiantes crónicos o desocupados y respondían al ministro Alí Fallahija.
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El juez destacó que la organización AnsarAllah, que se adjudicó el atentado en 1994, es un nombre de fantasía, bajo el cual se escudó un grupo terrorista integrista islámico, presuntamente vinculado con el Hezbollah libanés y estrechamente ligado a elementos radicalizados insertos en el aparato gubernamental iraní.
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Más poder que el embajador
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Mohsen Rabbani, como agregado cultural de la embajada, según el juez tenía más poder que el propio embajador y su posición le permitió ser organizador del ataque con auxilio de la embajada, que le brindó «apoyo material, económico y personal». El juez probó que buscó comprar una camioneta como la usada en el ataque, planificó el atentado en agosto de 1993 desde Irán, luego fue nombrado en Buenos Aires con inmunidad diplomática, lo que impedía que fuera arrestado.
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Para el juez, se apoyó en una estructura de inteligencia compuesta por otros cuatro diplomáticos. Además evaluó que en junio y julio de 1994, antes del ataque, entraron y salieron del país dos grupos de media docena de correos diplomáticos iraníes: unos con la intención de supervisar la marcha del operativo y los otros para mantener contacto con el «grupo de ataque», incluido el comando suicida. Coincidentemente, el 18 de julio de 1994, el embajador iraní Hadi Soleimanpur no estaba en el país. Ali Balesh Abadi era uno de estos correos diplomáticos y señalado por testigos como ligado al ataque.
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Con respecto a Parvaresh, representante del parlamento islámico de Irán, la Corte desestimó en1994 su pedido de detención, pero Galeano lo reavivó al entender que viajó a Buenos Aires en noviembre de 1993 para preparar el terreno del atentado.
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Además de las razones internacionales, el juez analizó los cambios en la política exterior argentina a comienzos de 1990 y entendió que el alineamiento con los Estados Unidos y la modificación de actitudes hacia Israel pueden ser origen de que nuestro país haya sido elegido como blanco. Además mencionó que la suspensión de los contratos de transferencia de tecnología nuclear con Irán puede ser una razón que llevó al ataque.
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Finalmente, el juez entendió que se eligió el edificio de la AMIA-DAIA por las actividades en favor de la comunidad judía que se realizan desde allí, su importancia institucional y la ubicación céntrica del inmueble.
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Por Hernán Cappiello
De la Redacción de LA NACION
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