En una extensa presentación de 205 fojas a las que la Agencia Judía de Noticias (AJN) tuvo acceso en forma exclusiva, el fiscal federal Patricio Evers acusó formalmente a Juan José Galeano de los delitos de “prevaricato, coacción reiterada, falsedad ideológica de instrumento público, privación ilegal de la libertad agravada y peculado.
En tanto que el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy fue imputado de peculado (por el pago ilegal de 400 mil dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín, a fin que efectuara una falsa acusación contra el grupo de ex policías bonaerenses).
Los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia también fueron acusados de peculado, privación ilegal de la libertad agravada y reiterada, y coacción. También formuló requerimiento de elevación a juicio contra Carlos Telleldín, Ana María Boragni, Víctor Stinfale, Patricio Miguel Finnen y Rubén Beraja, todos ellos por el delito de peculado.
En la presentación, el fiscal Evers argumentó que el ex juez Galeano prestó “una colaboración indispensable para lograr la disposición de la suma de 400 mil dólares correspondientes a fondos reservados del Estado -cuya administración le fuera confiada al entonces titular de la Secretaría de Inteligencia Hugo Alfredo Anzorreguy-, al encabezar las tratativas con éste último y aquellas que derivaron en el acuerdo celebrado con Carlos Alberto Telleldin”.
Como parte de ese acuerdo, agregó el fiscal, Telledin brindó “una mentirosa versión que involucraba a Juan José Ribelli, Raúl Edilio Ibarra, Anastasio Irineo Leal y Mario Norberto Bareiro como parte de los responsables del atentado contra la sede de la AMIA”.
A su vez, también le imputó a Galeano haber planificado y supervisado desde el juzgado a su cargo, en el marco de un acto procesal, las tareas tendientes a hacer efectivo el pago ilegal de manera fragmentada.
En otro orden, también sostuvo el fiscal Evers: "…Por otro lado, también imputo a Galeano haber coaccionado a Miriam Raquel Salinas y a Gustavo Semorile para que intervengan en actos procesales cuya forma y contenido se encontraban condicionados a la voluntad del ex magistrado, en su calidad de director de la investigación”.
“De esta forma –añadió en la presentación- las víctimas actuaron bajo fundado temor dadas las potestades jurisdiccionales que le hubiesen permitido al incuso adoptar decisiones contrarias a sus intereses procesales”.
El fiscal Evers también imputó a Galeano haber insertado datos falsos en las actas labradas los días 4 y 6 de junio de 1996 con motivo de la involuntaria declaración de Gustavo Semorile -entonces identificadas dentro del legajo de identidad reservada nro. 2 de la causa 1156 del Juzgado Federal nro. 9-, en punto a los señalamientos volcados a fin de incriminar a los policías bonaerenses en el atentado.
Según fuentes judiciales, ahora el juez Lijo correrá vista para que formulen su acusación la AMIA y la DAIA.
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