Así lo sostuvo el fiscal en la demanda entablada por un sobreviviente del atentado -cuyo nombre no trascendió-, quien reclamó la suma de 1 millón de dólares a la República Islámica de Irán, a sus ex funcionarios aún prófugos, y a la organización terrorista libanesa Hezbollah (Partido de Dios).
El reclamo efectuado por la víctima -patrocinada por el abogado Pablo Jacoby, de la agrupación Memoria Activa-, es el primero que se efectúa ante la Justicia Argentina, y sostiene que el atentado, en el cual sufrió graves lesiones, “…gozó del soporte estructural para su organización, financiamiento y ejecución del aparato estatal iraní, así como de la organización libanesa Hezbollah (…) la decisión de cometer el atentado fue adoptada en el marco de una política de estado iraní y para su consecución se emplearon distintas agencias de ese Estado, así como la organización libanesa Hezbollah que se le encuentra subordinada…”, sostuvo el demandante.
En su dictamen presentado ante el Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral, el Fiscal Nisman entendió que se hallaban reunidos los requisitos establecidos por la ley procesal, esto es la versosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la prestación de una contracautela, y consideró procedente el embargo por la totalidad del monto reclamado por el sobreviviente, es decir, 1 millón de dólares respecto de cada uno de ellos, los que recayeron solidariamente, además de Hezbollah, sobre el ex presidente iraní Ali Akbar Rafsanjani, el ex Ministro de Seguridad Alí Fallahiján, el ex Canciller Alí Velayati, el ex Jefe de la Guardia de los Pasdarnas, Moshen Rezahi, el ex Jefe de la Fuerza Al Quds Ahmad Vahidi, el ex Consejero Cultural en Buenos Aires, Moshen Rabbani, el ex Embajador Hadi Soleimanpour y el ex Secretario en la Embajada en Argentina, Ahmad Ashgari.
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