La desconfianza de los negociadores palestinos se acentúa cada día: varios han tirado la toalla; a otros, las fuerzas de seguridad israelíes les han impedido durante días o semanas volver a Cisjordania, y las propuestas palestinas sobre fronteras o territorios no reciben réplica. La Autoridad Nacional Palestina (ANP) se plantea regresar a la resistencia pacífica si fracasa el diálogo.
Un documento interno de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) al que ha tenido acceso este diario establece que la ANP, presidida por el moderado Mahmud Abbas, no aceptará un "proceso de negociación indefinido con el pretexto de que se han logrado progresos". Tampoco admitirán un acuerdo provisional para la creación del Estado palestino, "ni la separación unilateral dictada por Israel", ni "el control por Jordania o Egipto de los territorios ocupados".
Si cualquier Gobierno israelí se decide por mantener el statu quo o aplicar una de esas recetas alternativas, la ANP planea poner fin a las negociaciones iniciadas después de 1988, cuando Yasir Arafat reconoció la legitimidad de Israel en el 78% del territorio que formaba la Palestina del mandato británico. Otra opción ya estudiada es "sustituir la negociación por la resistencia pacífica para no otorgar legitimidad indefinida a la ocupación y elevar al máximo el coste de ésta para Israel", apunta un miembro del equipo negociador palestino. Un grupo de intelectuales y dirigentes políticos aboga abiertamente por la disolución de la ANP.
Los dirigentes palestinos alegan numerosas razones que apuntalan su desconfianza, al margen de que el primer ministro israelí, Ehud Olmert, está al borde de la dimisión, lo que le resta capacidad política para impulsar el proceso de paz. Ayer, la policía israelí recomendó al fiscal general su procesamiento por dos escándalos de corrupción.
Como muestra de ese recelo de los líderes palestinos, un botón: medio millón de ciudadanos israelíes residen en territorio ocupado. Y son unos 70.000 los colonos que viven en Cisjordania al este del muro de hierro y alambradas alzado por el Gobierno israelí. En 2005 se debatió por primera vez una ley para la evacuación y la compensación económica de colonos judíos de Cisjordania, que afectaría a esas 70.000 personas. Cayó en el olvido. En 2007, se discutió de nuevo en el Gobierno, y sólo un ministro votó a favor. La propuesta fue archivada de nuevo. Olmert planteó ayer otra vez el tema en el Gabinete, aunque no se fija partida presupuestaria para 2009 para financiar esta ley. Pues bien, precisamente ayer se dio a conocer una nueva licitación para ampliar la colonia de Beitar Illit, próxima a Belén, donde ya residen más de 20.000 ultraortodoxos.