Por: Alberto Amato
En menos de veinticuatro horas, dos altos funcionarios de los gobiernos argentino e israelí criticaron con dureza la investigación judicial del atentado a la Embajada de Israel en el que murieron 22 personas.
El lunes, en el acto de recordación en Arroyo y Suipacha, fue el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, quien habló de "dieciséis años de vergüenza nacional". Al día siguiente el canciller de Israel, Tzipi Livni, llamó a que los terroristas "que atacaron dos veces en Buenos Aires no queden sin castigo".
Desde aquel fatídico 17 de marzo de 1992 la investigación del atentado está en manos de la Corte Suprema. Y sufrió los mismos vaivenes que sufrió el Tribunal, y el país, en tres lustros.
"La Corte atribuyó a Irán la responsabilidad política del atentado, a la Jihad islámica y a Hezbollah, e identificó y pidió la captura de quien consideró el autor intelectual, Imad Moughnieh", dijeron a Clarín en el cuarto piso del Palacio de Justicia. "Más no puede hacer la Corte. No puede salir a buscar a los responsables ni a detenerlos". En el caso de Moughnieh, uno de los jefes de Hezbollah, el esfuerzo sería inútil: en enero pasado fue asesinado en Siria por una bomba puesta en su automóvil.
Sin decirlo blanco sobre negro, en la Corte sienten que las críticas no están dirigidas al Tribunal. Al menos a la actual composición del Tribunal, que en 2006 evitó que la causa prescribiera, el año pasado ratificó que no iba a ser archivada y por ello mereció los elogios de Aarón Abramovitch, vicecanciller de Israel, en el acto por el atentado y con la actual presidenta a sus espaldas.
Pero durante los primeros cinco años que siguieron al ataque, y en pleno menemismo, la Corte hizo poco y nada por esclarecer el atentado. La causa cayó en manos del entonces titular, Ricardo Levene y del secretario del Tribunal, Alfredo Bisordi, luego juez de Casación y flamante renunciante. Se habló entonces de una implosión por acumulación de explosivos en la sede diplomática, de una bomba colocada en su interior y poco menos se intentó convertir a las víctimas en victimarios. "Se hicieron las cosas mal", sintetizó con cierta vergüenza ajena la fuente que habló con Clarín.
En 1997 se hizo cargo de la investigación otro secretario de la Corte, Esteban Canevari, que recién en 2001, sin Menem en el poder y con De la Rúa en peligro de extinción, determinó la existencia de una camioneta bomba y apuntó a Hezbollah. Pero casi nada cambió: en 2002 el entonces titular de la corte, el inefable Julio Nazareno, estuvo a punto de sufrir un juicio político por su actitud "coercitiva y obstructiva" hacia los testigos del caso.
Si hay un ámbito en el Poder Judicial en el que reinan oídos atentos, es en la Corte. Esta vez no escucharon críticas y sí un indisimulado sentimiento de frustración e impotencia.