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El ‘Tribunal de la muerte’ de Hitler, convertido en apartamentos de lujo

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La polémica no se ha hecho esperar. La conversión de la antigua Corte Militar del Tercer Reich en residencias que se alquilan por más de 4.000 euros al mes ha recibido las críticas de historiadores y organización de veteranos anti-nazis. "Berlín y Alemania están sufriendo niveles de amnesia completamente incomprensibles", protesta Manfred Krause, presidente del Foro de la Historia Legal de Alemania, especializado en la búsqueda de las injusticias nazis.

El complejo, bautizado con el nombre de Atrion, se presenta como "apartamentos únicos en una ubicación única", a las orillas del lago Lietzensee pero lo suficientemente cerca de un área comercial de lujo. Aunque la mayoría de los apartamentos está aún sin alquilar, su público objetivo son personas acomodadas en búsqueda de un lugar tranquilo.

Según los historiadores, desde 1936 hasta la mitad de la Segunda Guerra Mundial, el Tribunal fue escenario de las "grandes injusticias nazis". En ocho años, la Corte condenó a muerte a más de 1.400 combatientes de la resistencia y objetores de conciencia. "Hubo demasiadas condenas de muerte en este Tribunal. Es inconcebible que se convierta en un área de lujo", explica a The Independent Johannes Tuchel, director del Centro Memorial de la Resistencia en Alemania.

Entre las víctimas más famosas se encuentran los 200 estudiantes de la Rote Kapelle, condenados por distribuir propaganda anti-nazi y esconder a judíos o ayudarles a huir de Alemania. El grupo se hizo célebre por avisar a Rusia de los planes de Hitler de atacar a la Unión Soviética.

Las controversias sobre la reutilización del antiguo "Tribunal de la muerte" nazi se remontan a 1997, momento en el que dejó de funcionar como un Tribunal y se vació. Hubo distintos planes para convertirlo en un centro para la memoria de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial pero el proyecto se vino abajo por falta de fondos.

El Gobierno alemán lo vendió finalmente a la constructora alemana Allod Immobilien en 2006, argumentado que diez años más sin uso acabarían con el edificio.

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