Hace exactamente seis años, Fernando de la Rúa renunció a la presidencia de Argentina en medio de un estallido social marcado por una crisis económica de características inéditas, que afectó a toda la sociedad y tuvo un fuerte impacto en la comunidad judía local, la más numerosa de Latinoamérica.
La profunda recesión, la inmovilización de los depósitos bancarios conocida como «corralito» financiero, la frustración popular con la figura presidencial y el agotamiento de la paridad «uno a uno» entre el peso y el dólar estadounidense derivaron en la abrupta salida del gobernante, quien abandonó la Casa Rosada en helicóptero mientras en las calles se sucedían los cacerolazos y saqueos a comercios.
La Alianza (entre la Unión Cívica Radical y el Frepaso) que había llevado a De la Rúa a ganar las elecciones de 1999 con el 48,5% de los votos, empezó a descomponerse mucho antes del aquel 20 de diciembre de 2001.
Los saqueos comenzaron varios días antes de la renuncia del presidente, al igual que las protestas de la clase media a golpes de cacerola. La declaración del estado de sitio y una represión policial que causó más de 30 muertos en todo el país aceleraron el fin del gobierno de la coalición y el agravamiento de uno de los períodos más conflictivos de la historia argentina.
La comunidad judía no fue ajena a las consecuencias de la crisis, por lo que muchas de sus instituciones, como la AMIA, el Joint Distribution Committee (JDC) y la Fundación Tzedaká, debieron redoblar los esfuerzos para asistir al 25 por ciento de los integrantes que cayeron por debajo de la línea de pobreza.
Según el JDC, unos 24.000 judíos todavía se encuentran en condiciones de pobreza en el país, si bien en el pico de la crisis eran más de 36.000.
«La crisis afectó a la comunidad judía de la misma manera que a la sociedad argentina en su conjunto. Implicó la aparición masiva del fenómeno de la nueva pobreza, caracterizada por personas con niveles de ingresos por debajo de la línea de pobreza pero con nivel cultural, educativo y de condiciones de vida de clase media», sostuvo Mirna Zlumajster, directora ejecutiva de la Fundación Tzedaká, en declaraciones a la Agencia Judía de Noticias (AJN).
«En el campo institucional, la crisis afectó a las organizaciones comunitarias, que se nutren fundamentalmente del ingreso de sus miembros, por lo que sus presupuestos se vieron fuertemente debilitados», explicó a su vez Alejandro Kladniev, director del JDC para América Latina.
Una gran cantidad de judíos decidió dejar el país y aprovechar la política de puertas abiertas de Israel para radicarse allí. La Agencia Judía para Israel (Sojnut) trabajó arduamente abriendo carpetas y llenando fichas de los futuros inmigrantes que buscaron en Tierra Santa un futuro que Argentina no les ofrecía.
La desocupación fue otro de los puntos en donde la crisis más se reflejó.
El Servicio de Empleo de AMIA y el Ariel Job Center (una entidad de trabajo conjunto entre el JDC, AMIA, Tzedaká, las escuelas ORT y la Congregación Israelita de la República Argentina -CIRA, es decir, el templo de la calle Libertad) atestiguaron la necesidad laboral. Abrieron cursos de capacitación laboral con computación, confección de Currículum Vitae, entrevistas laborales y reconversión, además de la difusión de sitios y bolsas de trabajo.
Casi un año antes de la caída de De la Rúa, el JDC ya había invertido un millón de dólares en ayuda social y creado el Ariel Job Center.
Después de aquel trágico diciembre, el aporte se transformó en «un nuevo sistema de ayuda social comunitario», que incluyó fondos directos a los beneficiarios, apertura de nuevos centros sociales, un sistema integrado de datos y atención, entrega de tickets canasta, creación de una farmacia centralizada, un programa de viviendas, «todo bajo un sistema de cooperación de todas las organizaciones que continúa vigente y es un orgullo de la comunidad judía argentina», remarcó Kladniev en diálogo con AJN.
«De esta manera se pudo brindar a todas las familias en situación de necesidad asistencia básica en alimentos, medicamentos, ropa y ayuda para la vivienda y, especialmente, orientación y contención social», explicó la directora de Tzedaká.
El modelo continúa vigente, porque que «si bien la emergencia social y económica ha sido superada, miles de familias no lo han conseguido por motivos de edad, salud o adaptación al mercado laboral», sostuvo Zlumajster. La Fundación asiste en la actualidad a 9.000 personas en todo el país que aún viven bajo la línea de pobreza.
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