La ministra de Defensa, Nilda Garré, firmó una resolución para eliminar posibles discriminaciones religiosas en las Fuerzas Armadas.
Los jefes militares recibieron en los últimos días una orden de la ministra que obliga a quitar de los legajos personales la fe que profesa cada militar, además de determinar que no podrá volver a preguntarse a los aspirantes su religión, dato que hasta ahora se exigía que figurase en los antecedentes de admisión.
Esta medida se suma a otros pasos dados en los últimos meses por el Ministerio de Defensa para provocar «un cambio cultural entre los militares», según explican allegados a la ministra Garré.
También forma parte de la iniciativa del Gobierno de crear la figura de un ombudsman que investigue las denuncias internas en las Fuerzas Armadas, entre ellas, las de discriminación religiosa.
«Este ministerio entiende que no hay razonabilidad en el establecimiento del requisito por el cual el personal militar, y quienes aspiren a integrar las instituciones militares, deban declarar su religión, en la medida en que no guardan una evidente relación con las necesidades de la vida militar y, además, constituyen un aspecto de la vida privada de las personas», se indicó en la resolución 857.
Como antecedente inmediato, en la cartera castrense también se ocuparon de detallar en la reforma del Código de Justicia Militar un nuevo régimen de sanciones para las discriminaciones religiosas.
Ese proyecto de ley que debe ser tratado en el Congreso determina como falta grave cualquier acto de discriminación, sancionándose esa situación con multas de hasta sesenta días de arresto y una penalización económica equivalente a un mes de salario.
Representantes de diversos cultos manifestaron su satisfacción por la eliminación de las preguntas dirigidas a conocer la religión de los militares (de lo que se informa por separado).
Acercamientos religiosos
En la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se tomó la decisión del Ministerio de Defensa como un hecho positivo.
La representación política de la comunidad judía tuvo en los últimos años varios acercamientos con las Fuerzas Armadas. En 2004, los representantes de la DAIA fueron invitados por primera vez a dar una charla en el Colegio Militar. En noviembre último, el coronel Adolfo Stel encabezó en la sede de la DAIA un seminario dirigido a líderes comunitarios, en el cual explicó el trabajo del Ejército en ayuda social.
La resolución firmada por Garré procura eliminar informes internos sobre la religión de los militares, que quedaron como lastre del pasado.
De esa manera se instruyó a los jefes de cada fuerza a que «en el plazo de treinta días revisen la normativa, reglamentación o criterios de ingreso vigentes en el ámbito de las fuerzas, a fin de dejar sin efecto las regulaciones que exigen declaraciones respecto de la religión del personal militar o de quienes aspiren a integrar dichas instituciones», tal como se lee en la orden impartida por el Ministerio de Defensa.
A comienzos de este año, las autoridades políticas ya habían quitado otras restricciones en el ingreso militar, al aceptar aspirantes a oficiales, suboficiales y soldados voluntarios que sean casados o tengan hijos, dos circunstancias que antes llevaban al rechazo de postulantes.
También se eliminaron los requisitos físicos que no tuviesen que ver con aptitudes necesarias para el trabajo militar, como alturas o pesos, si no interfieren con las labores encomendadas.
El obispado castrense
Resuelta la salida de monseñor Antonio Baseotto del obispado militar, luego de que en abril último el papa Benedicto XVI aceptase su renuncia por edad, el vicariato castrense continúa interinamente en manos de monseñor Pedro Candia, que logró una mayor aceptación por parte de las autoridades del Ministerio de Defensa que Baseotto, enfrentado duramente con el Gobierno.
El Ministerio de Defensa había dado una señal de acercamiento durante la peregrinación militar a Luján, en octubre último, ocasión en la cual Garré envió un mensaje para ser leído en la Basílica.
En el Ministerio de Defensa aseguran que no habrá cambios en la relación con los capellanes castrenses, pero afirman que la resolución que elimina los antecedentes religiosos de los militares resultaba necesaria para evitar posibles discriminaciones por cuestiones de fe.
Más allá del trabajo de Candia, vicario general del obispado castrense, el Vaticano debe enviar al Gobierno una terna de candidatos para que en la Casa Rosada se defina finalmente el reemplazante de Baseotto.
Por Daniel Gallo
De la Redacción de LA NACION