El Estado ha dado respuesta así a la petición de los cuatro representantes de Hamás que habían pedido que se restableciera su estatus
de residentes israelíes. Los cuatro son los diputados Muhamad Abu Tir, Ahmed Abu Atoun y Jaled Abu Arafa, así como el ministro de Asuntos de Jerusalén en la Autoridad Palestina, Mahmud Tota.
Según explica el diario, desde el momento en que se les retiró el estatus de residentes, los cuatro se convirtieron automáticamente en «residentes ilegales», que podrían ser expulsados de la ciudad. Sin embargo, el pasado 29 de junio, tres de ellos fueron detenidos y encarcelados junto con otros diputados, ministros y activistas de Hamás que viven en Cisjordania tras el secuestro de un soldado israelí.
La audiencia sobre su solicitud está prevista para el 25 de diciembre. En su respuesta, los representantes del Estado en este caso, Gilad Shirman y Yochi Gnessin, escriben que los cuatro son no sólo miembros de una organización que lucha por la destrucción de Israel sino que como representantes políticos, fuero acusados de hacer todo lo posible para avanzar en los fines de su organización.
«Los demandantes, como representantes de la organización terrorista Hamás en el Gobierno y la Cámara de Representantes de una entidad extranjera hostil, esperan y creen que tienen derecho a gozar de todos los beneficios y privilegios que el Estado de Israel concede a sus residentes sin estar recíprocamente obligados de ningún modo», señalan los representantes del Estado. «Nosotros argumentaremos que esto es inaceptable», añadieron.