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Críticas en Washington por la AMIA

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Críticas en Washington por la AMIA

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La organización Memoria Activa renovó ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su «preocupación por la falta de concreción» de los compromisos que asumió el Estado argentino cuando el año pasado reconoció su responsabilidad por la falta de prevención del atentado a la AMIA y el posterior encubrimiento de la investigación.

En aquel momento, el Gobierno ofreció medidas para reparar a las víctimas y trabajar para que el país estuviese mejor preparado en el caso de un nuevo atentado, pero la mayoría todavía son promesas. «No vamos a parar hasta que el Estado cumpla con lo prometido», resumió a Clarín Diana Malamud, de Memoria Activa.

El abogado Pablo Jacoby pidió «que el gobierno argentino acompañe» próximos pedidos de captura internacional a posibles responsables del atentado. El representante en Derechos Humanos de la Cancillería, Horacio Méndez Carreras, mencionó el proyecto para la creación de una unidad de respuesta ante catástrofes con un costo de $ 48 millones.

Integrantes de Memoria Activa y del CELS reconocieron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los avances registrados en el último año para avanzar en el esclarecimiento del atentado a la AMIA y la correcta actuación de la Secretaría de Política Criminal de la Nación, en su rol de querellante.

Los conceptos de los miembros de Memoria Activa y del CELS, en el marco de una audiencia amistosa celebrada en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del caso AMIA, analiza la denuncia que hace algunos años habían presentado por la falta del esclarecimiento del atentado que provocó 85 víctimas.

La reunión entre los funcionarios del gobierno argentino y de los querellantes fue convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un proceso de solución amistosa entre las partes, según se informó en un comunicado.

Durante la reunión celebrada, los peticionantes de justicia del acto terrorista sucedido el 18 de julio de 1994, reconocieron diferentes puntos de avances en la causa AMIA en los últimos años, siendo el más relevante el juicio penal al ex Juez Federal Juan José Galeano, al ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, al ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja.

También valoraron la investigación contra los entonces fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, por los delitos de privación ilegal de la libertad, falso testimonio agravado, y malversación de caudales públicos, entre otros.

En la audiencia amistosa, tanto los miembros de Memoria Activa, como del CELS destacaron la eficacia de la labor desarrollada por el Secretario de Política Criminal, Alejandro Slokar, en su rol de querellante, a la vez que de otras cuestiones exigieron el cumplimiento en plazo.

En ese sentido, Slokar, dijo: «con la sobriedad y voluntad que el caso merece, a través de la correcta articulación y coordinación de singulares integrantes de los poderes públicos, se dieron lugar a acciones que importan relevantes y objetivos avances en este área, que en definitiva es la ratificación de la política de estado señalada por el Presidente de la Nación, Néstor Kirchner.»

El comisionado Florentín Meléndez celebró la voluntad expresada por las partes y convino con lo señalado por Slokar respecto de que «es el comienzo del fin de la impunidad que hay que erradicar». Asimismo manifestó que próximamente visitará la
Argentina, para reunirse con el fiscal de la causa.

Asimismo, los peticionarios celebraron la actuación del Juez Federal que instruye la llamada causa del encubrimiento, Ariel Lijo, y del Fiscal que investiga el atentado, Alberto Nisman, quien en breve dará a conocer novedades en su dictamen.

Por su parte, el abogado de Memoria Activa, Pablo Jacoby, instó a que los autores materiales del atentado sean identificados con prescindencia de si se trata de Irán, el Líbano o el propio Hezbollah.

Además de Slokar la representación del Estado Argentino, estuvo integrada por el Representante Especial para Derechos Humanos en el Ambito Internacional, Horacio Méndez Carreras, y la Directora de Asuntos Internacionales en materia de Derechos
Humanos, Andrea Gualde.

Clarin/Telam

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