Marcelo Helfgot.- Triquiñuela, argucia,
Triquiñuela, argucia,artimaña», es la definición que el diccionario concede a «chicana». Ese fueel término que esgrimió el presidente Néstor Kirchner para descalificar alpadre de una joven muerta en la AMIA por pedir que los legisladores avancenen el castigo al financiamiento del terrorismo con el mismo ímpetu queaplicaron en la ley de superpoderes. El encuadramiento de ese delito es unadeuda con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Parlamentofue emplazado a saldarla antes de marzo próximo. El texto debería definirqué se entiende por «acto terrorista», como sucede en el proyecto deldiputado kirchnerista Jorge Argüello. Y podría trazar una vía indirecta deacceso al nudo central del reclamo formulado por la comunidad judía alconmemorar 12 años del atentado perpetrado en su sede central por presuntosterroristas islámicos: el reconocimiento del hecho como «crimen de lesa humanidad», y por lo tanto imprescriptible. Legisladores oficialistas y
opositores consultados por Clarín coincidieron en atribuir a la ausencia de
una tipificación expresa de terrorismo en el Código Penal los riesgos
ciertos de caducidad de las causas sobre las voladuras de la AMIA y la
Embajada de Israel ocurrida hace 14 años que siguen en la nebulosa. Donde
se bifurcan los caminos es en las fórmulas para llenar el vacío. Los que
sintonizan con el pensamiento de Kirchner acompañan su viraje: la Casa
Rosada parece haber reemplazado las promesas de promover una ley
antiterrorista por el señalamiento de una ristra de convenios
internacionales firmados por el país, a los que podría echar mano la
Justicia para asimilar ambos atentados a delitos de lesa humanidad. Esa
postura choca con la jurisprudencia de la Corte Suprema, que sólo otorga
chapa de no prescripción al terrorismo de Estado. En cambio, los que
promueven leyes específicas para combatir terrorismos de todo tipo de
origen estatal o sectorial, están por el momento en minoría. Son los casos
del los diputados macristas Eugenio Burzaco y Federico Pinedo, el peronista
disidente Cristian Ritondo y el radical Federico Storani, que convirtió su
definición de terrorismo como uso de la violencia «para aniquilar
voluntades» en eje del debate anticipatorio de marzo de 2005, al ratificarse
la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Aunque la adhesión a ese
tratado firmado en Barbados en 2002 fue testimonial, sacó a luz la
dificultad para criminalizar grupos paraestatales. La disyuntiva que quedó
planteada es si pueden distinguirse acciones terroristas ilegítimas de otras
presuntamente legitimadas por la resistencia a la opresión. El ex trotskista
Luis Zamora puso el dedo en la llaga de las contradicciones justicialistas.
Recordó que Kirchner pidió la aprobación del tratado para condenar
terrorismos «de cualquier origen» y preguntó si Perón actuó igual ante el
asesinato del general Aramburu por parte de los Montoneros. De hecho, muchos
sospechan que el Gobierno cajoneó una ley antiterrorista para evitar que
salpique a miembros de su tropa que integraron organizaciones armadas en los
70, incluso en democracia. Si sus acciones violentas son asimiladas a los
delitos de lesa humanidad, la Justicia podría derogar los ind u l t o s q u
e e l m e n e m i s m o otorgó, entre otros, al diputado oficialista Miguel
Bonasso. Con aires de librepensadora, la diputada kirchnerista Rosario
Romero avisó que desde la presidencia de la Comisión de Legislación Penal
tipificará el terrorismo. ¿La dejarán?
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