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Polémica entre el Gobierno y la Corte por el encuadre legal del terrorismo

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Por Silvana Boschi.- Las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Alberto Iribarne, sobre la posibilidad de que ciertos delitos sean considerados de lesa humanidad, y por lo tanto sus investigaciones no prescriban, fue motivo de debate esta semana en la Corte Suprema. Es que la mayoría de los jueces del Tribunal no apoya esta teoría, y limita la calificación de «delitos de lesa humanidad» a los actos de terrorismo de Estado. La Corte tiene a su cargo la causa por el ataque a la Embajada de Israel, y existe la preocupación de que cuando se cumplan 15 años desde el atentado, que dejó 22 muertos, la causa prescriba, es decir, quede archivada. Por eso los jueces de la Corte están analizando qué medidas de prueba pueden adoptarse para interrumpir la prescripción. Esta semana, en una entrevista publicada por Clarín, Iribarne aseguró que «hay una doctrina contemporánea que dice que los crímenes terroristas no prescriben porque son de lesa humanidad». Lo hizo en referencia a los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA. Esta idea de Iribarne –que algunos jueces de la Corte recibieron con sorpresa– coincide con los argumentos que expuso el secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Alejandro Slokar, cuando pidió la indagatoria y detención del ex juez Juan José Galeano, por su actuación en la causa AMIA. Según Slokar, el atentado contra la AMIA, «por tratarse de destrucción masiva e indiscriminada de vidas humanas, configura un crimen de lesa humanidad, y como tal –entre otras características definidas por el derecho internacional– imprescriptible, de acuerdo a la consideración de la contemporánea doctrina europea». Esta doctrina citada por Slokar e Iribarne se refiere a que hay actos que, si bien no son crímenes de lesa humanidad, serían imprescriptibles por ser masivos, indiscriminados y contra la vida humana. Y, desde ese punto de vista, dejan afuera los delitos cometidos por la guerrilla de los años 70, que fueron contra objetivos particulares y precisos. El andamiaje jurídico sirve en este caso a las necesidades políticas. Porque desde el Gobierno apoyan la derogación de los indultos a militares y represores, un tema que deberá resolver la Corte, pero no la anulación de los indultos que beneficiaron a miembros de la guerrilla. «La figura de crímenes de lesa humanidad es clarísima cuando se trata de terrorismo de Estado, pero no en otros actos de terrorismo», señaló uno de los jueces de la Corte. Así lo resolvieron en el «caso Simón», ex represor de la dictadura, donde establecieron que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y quedan a l ma r g e n d e l a s autoamnistías o indultos, en la medida en que fueron cometidos por miembros del Estado. Pero frente a un pedido de España por la extradición de un ex etarra, Lariz Iriondo, la Corte se opuso por considerar que su causa había prescripto. En la investigación del atentado a la Embajada no existe una imputación directa hacia miembros de algún Estado, sino hacia una organización terrorista. Sin embargo en estos días –según confió uno de l o s miembros de la Corte– el juez Eugenio Zaffaroni elaboró un «memorándum» con los principales argumentos a favor de considerar el ataque a la Embajada como un delito imprescriptible. Aunque no trascendieron detalles, los argumentos serían similares a los de Slokar. El funcionario de Justicia fue coautor del libro que Zaffaroni presentó el año pasado en la UBA, Manual de Derecho. Según fuentes del Tribunal, hasta ahora la propuesta de Zaffaroni no logró convencer a ninguno de sus colegas. • Para Petracchi, es mejor un Tribunal de 5 La polémica por las dos vacantes en la Corte Suprema sigue vigente. Ayer, desde Salta, el presidente del Tribunal, Enrique Petracchi, afirmó que «es mejor» que el cuerpo esté integrado por cinco jueces, porque con menor número «las decisiones serían más rápidas». «Cinco es mejor que siete y nueve, pero que yo lo diga no tiene valor alguno porque la facultad de fijar el número de integrantes la tiene el Congreso de la Nación», señaló el juez en una visita a Resistencia. Pese a que ya se cumplieron los plazos establecidos, aún no se completaron los cargos que dejaron vacantes Antonio Boggiano, destituido por el Senado, y Augusto Belluscio, quien renunció en setiembre. Petracchi ingresó a la Corte en 1983, y en ese momento el Tribunal era de 5 miembros, hasta que se reformó por ley, en 1990, en la presidencia de Carlos Menem. Petracchi explicó que «como la ley dice que deben ser nueve los integrantes, se necesitan cinco votos afirmativos y hay votaciones que terminan cuatro a tres». «No es bueno que se mantenga esta situación, al menos que nos juntemos los siete e inventemos alguna forma de evitar esos problemas», opinó. El miércoles, Petracchi había asegurado que la demora en la designación de los dos jueces que faltan genera «problemas» en la resolución de importantes temas pendientes como el de la pesificación. • Suspensión y juicio El Consejo de la Magistratura suspendió y abrió juicio político contra los jueces Felipe Terán, por el pago supuestamente irregular de bonos de la deuda pública, y Emilia García, por un caso de apropiación de bienes de desaparecidos.
Clarin

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