El juez federal Ariel Lijo tiene previsto indagar esta semana al ex magistrado Juan José
Galeano y a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, los más complicados y bajo riesgo de quedar detenidos en la causa que investiga irregularidades cometidas en la pesquisa por el atentado a la AMIA.
Este lunes, en tanto, está citado para ser indagado por el delito de partícipe de peculado el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, a raíz de que se considera probado que estuvo al tanto de las negociaciones que terminaron con un pago ilegal al ex detenido Telleldín en 1996.
El martes Lijo convocó al ex fiscal Mullen; el miércoles será el turno de Barbaccia y Galeano deberá presentarse el jueves, los tres imputados por haber pagado a Telleldín en forma secreta con fondos del Estado, salidos de la SIDE.
Pero además, el juez sumó el delito de privación de la libertad agravada debido a lo ocurrido con una testigo de la causa, Miriam Salinas, quien poco después del ataque fue detenida como sospechosa, estuvo tres días durmiendo en tribunales y reapareció en la causa sobreseída.
Un día más tarde, según se supo en el juicio oral donde se absolvió a los acusados del ataque, Salinas declaró como una de las primeras testigos de identidad reservada de la causa, para aportar datos del entonces detenido Telleldín y su mujer Ana Boragni.
Salinas accedió también a grabar a escondidas conversaciones con Boragni para aportar datos al juzgado, que después los usó como prueba contra el principal acusado del ataque, que causó 85 muertos, en un hecho que para Lijo significó una coacción hacia la
mujer para no incriminarla en el atentado, una situación similar a la que vivió su pareja, Pablo Ibáñez.
Después, en 1996, Telleldín cobró 400 mil dólares para declarar que una camioneta Trafic que pasó por sus manos fue entregada a policías bonaerenses diez días antes de la voladura, donde aparecieron sus restos tras haber sido usada como cochebomba.
Galeano, quien actualmente se desempeña como abogado, llegará a la audiencia asistido por el defensor oficial Juan Hermida, con quien ya delineó una estrategia de defensa que tendría similares argumentos a los que usó durante el jury de enjuiciamiento en su
contra.
En lo central, el ex juez «reinvindicaría lo hecho en la pesquisa por el ataque y su decisión de pagar al principal acusado debido a lo excepcional de la causa que se investigaba», explicaron fuentes del caso.
Galeano y los dos ex representantes del ministerio público fiscal intervinieron en la pesquisa desde el mismo día del ataque del 18 de julio de 1994 y a doce años del hecho terminaron imputados por dos delitos gravísimos, peculado y privación ilegítima de la libertad agravada.
En caso de ser procesados tras las indagatorias, Lijo tendrá que decidir si les dicta la prisión preventiva o les permite llegar en libertad a un juicio oral por considerar que no existe riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación, pese a que la privación ilegítima de la libertad agravada se pena con hasta 15 años de cárcel.
El magistrado había previsto que Galeano fuese el último en la lista de convocados, pero la semana última el ex titular de la SIDE en el menemismo Hugo Anzorreguy, dos de sus más altos ex funcionarios Patricio Finnen y Alejandro Brousson y el abogado
Victor Stinfale obtuvieron sendas postergaciones que dilataron sus indagatorias.
Hasta el momento se presentaron en los tribunales federales de Retiro el ex detenido y luego absuelto por el ataque Telleldín y su mujer Ana Boragni.
Ambos se negaron a declarar por el delito de partícipes de peculado, pero entregaron escritos donde acusaron al destituído Galeano, ya que aseguraron que fueron coaccionados por el magistrado para hacer todo lo que hicieron.
Telleldín, Boragni y el abogado Stinfale fueron embargados por 400 mil dólares cada uno para cubrir la eventual orden de recuperar el dinero pagado por la SIDE en 1996, a cargo entonces de Hugo Anzorreguy.
El ex titular de la SIDE y sus ex funcionarios también están acusados de peculado, un delito que pena a quien sustrae bienes o dinero del Estado que tenía bajo su custodia.
En el juicio oral donde fue absuelto, Telleldín declaró que pactó el pago de los 400 mil dólares con el entonces juez federal Galeano para señalar a los ex policías bonaerenses Juan José Ribelli, Anastasio Leal, Mario Bareiro y Raúl Ibarra.
También detalló que ese dinero fue gastado en la compra de un puesto de diarios en la localidad bonaerense de Munro, en honorarios de sus abogados y en los altos costos que le significó la vida en la cárcel de Devoto, durante sus años de detención.