El ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy será indagado esta mañana por su confesa participación en el pago de 400 mil dólares al reducidor de autos robados Carlos Telleldín, quien habría aportado datos falsos sobre el atentado a la AMIA en el marco de negociaciones con abogados que desde hoy tienen suspendida su matrícula profesional.
Víctor Stinfale, que fue defensor de Telleldín tanto en la etapa instructiva como en el juicio oral por el ataque a la AMIA, y la representante legal de la DAIA, Marta Nercellas, fueron sancionados por el Comité de Disciplina del Colegio Público de Abogados, dijeron fuentes vinculadas con el caso.
El Colegio canceló preventivamente la matrícula de los abogados porque ambos están imputados en la causa que conduce el juez federal Ariel Lijo por la presunta fabricación de pruebas en la investigación del atentado a la AMIA. Empero, hay recursos administrativos contra esa determinación. Stinfale debía declarar el miércoles ante el juez Lijo pero consiguió aplazar la audiencia hasta el 20 de junio.
Anzorreguy, en tanto, deberá presentarse esta mañana a las 10 ante el magistrado, que accedió a postergar los interrogatorios a dos agentes de la Sala Patria de la SIDE que están acusados de haber entregado el dinero a la mujer de Telleldín, Ana Boragni, en dos pagos realizados en julio y octubre de 1997.
El abogado Fabián Musso asumió la defensa de Anzorreguy, quien «no ha pedido postergación de la audiencia». En cambio, sí hicieron ese reclamo ayer los ex espías Alejandro Brousson y Patricio Pfinnen, cuyas indagatorias fueron reprogramadas para el 22 de junio.
El ex señor Cinco afronta cargos por haber utilizado fondos de la SIDE para recompensar a Telleldín por las declaraciones en las que, en 1997, involucró en el atentado a un grupo de policías que, siete años más tarde, fueron absueltos de culpa y cargo por el Tribunal Oral Federal (TOF) 3.
Durante el juicio oral que sustanció el TOF 3, Anzorreguy reconoció -en calidad de testigo- haber usado dinero de la SIDE para financiar declaraciones que luego fueron anuladas por su presunta falsedad, pero explicó que esas fueron las directivas que dispuso entonces el gobierno de Carlos Menem (1989-99).
Telleldín acusó al entonces comisario Juan Ribelli y a otros cuatro policías al ser indagado por Juan José Galeano, el juez que durante más de nueve años instruyó la causa por la voladura de la AMIA y en 2005 fue destituido por posible fabricación de pruebas, privación ilegal de la libertad y otros delitos.
En el juicio político que culminó con la remoción de Galeano, Anzorreguy se negó a declarar y mañana, ante Lijo, podría adoptar idéntica conducta ya que, por ser imputado, no está obligado a formular un descargo ni a responder preguntas ni a decir la verdad.
El Colegio de Abogados aplicó ayer una dura sanción disciplinaria a Stinfale, Nercellas y los letrados Roberto Zaidemberg y Marta Parascándalo, que también representaron a sospechosos del caso AMIA que, finalmente, fueron absueltos.