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Suspenden a cuatro abogados que actuaron en la causa AMIA

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Las irregularidades en la investigación por la causa AMIA siguen deparando consecuencias: cuatro abogados que actuaron en el caso fueron sancionados con la suspensión de su matrícula por un año, lo que les impide ejercer la profesión.

La resolución fue tomada hoy por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, sobre la base a las denuncias que había formulado el Tribunal Oral Federal 3, cuando absolvió a todos los acusados en el juicio oral.

Las fuentes dijeron que las sanciones disciplinarias recayeron en los abogados Víctor Stinfale, Marta Nercellas, Roberto Zaidemberg y Marta Parascándalo.

El abogado Ricardo Gil Lavedra, que representa a su colega Nercellas, aseguró que esa resolucion es «absolutamente nula» porque «en ningún momento» fueron notificados de la audiencia de juicio.

«Eso no es una sanción; es una broma pero de muy mal gusto», dijo a la agencia DyN Gil Lavedra.

Nercellas, que actuó en el juicio oral en representación de la DAIA, y el entonces vicepresidente de esa entidad, Roberto Zaidemberg, fueron acusados de haber mantenido entrevistas con el entonces detenido policía bonaerense Bautista Alberto Huici, para convencerlo de que prestara una declaración en la que podría salpicar a sus compañeros.

El problema fue que esas conversaciones fueron grabadas con micrófonos ocultos sin que Huici estuviera enterado, un hecho que quedó asentado en el expediente en un legajo aparte que fue descubierto cuando la causa llegó a juicio oral.

Por su parte, el Colegio de Abogados cuestionó la actuación del abogado Stinfale, quien fue abogado del absuelto Carlos Telleldín y ahora está sospechado de haber sido partícipe del delito de «peculado» cuando su cliente recibió 400 mil pesos/dólares que le pagó la SIDE para cambiar su declaración en el caso ante el entonces juez federal Juan José Galeano.

La cuarta sanción recayó sobre Marta Parascándalo, que asistió al ex policía acusado Alejandro Burguete, quien también está sospechada de haber llevado adelante diligencias que reñirían con la conducta de un abogado.

La letrada quedó sospechada de haber mantenido reuniones con el titular del Tribunal de Casación bonaerense, Federico Domínguez, que era secretario de Seguridad provincial en el momento de este episodio, y con el ex comisario Luis Vicat, para conseguir la libertad de su cliente, aunque sobre él pesaban los mismos delitos que para los otros policías detenidos.

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