Así lo revelaron los abogados Luis Sasso y Alejandro Castiñeiras, defensores de Telleldin, quienes indicaron que su asistido se negó a contestar las preguntas que quería hacerle el juez federal Ariel Lijo y presentó un escrito «de descargo».
Se trata de una presentación que el sindicado ex reducidor de autos asegura haber efectuado «personalmente» -con la ayuda de sus letrados- en virtud a los conocimientos que adquirió mientras estuvo detenido y que le permitieron graduarse como abogado.
«Mi voluntad estaba viciada, no fue un consentimiento libre el que presté. Estaba coaccionado», dijo Telleldín en declaraciones periodísticas antes de ingresar a los tribunales de Comodoro Py 2002, de la Capital Federal, donde lo aguardaban el magistrado y el fiscal Patricio Evers para interrogarlo.
Ayer, su esposa Ana Boragni, también se negó a declarar y presentó un escrito en el que ratificó que el cobro de 400.000 dólares se lo hizo «una persona que se presentó como enviado de la editorial» que iba a publicar un supuesto libro de su marido y que luego supo que era un agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Ambas audiencias se realizaron en estas actuaciones donde también deberán declarar como imputados el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, el destituido juez federal Juan José Galeano y los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, entre otros.
En este expediente el 30 de mayo último Lijo citó al ex jefe de la inteligencia menemista para indagarlo por presunto «peculado» y a dos de sus ex principales jefes de la central de espionaje, Patricio Pfinnen y Alejandro Brousson, quienes deberán sentarse frente al magistrado el próximo jueves.
Telleldín, su abogado Víctor Stinfale y el ex titular de la Delegación Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Rubén Beraja; también serán indagados por el presunto pago ilegal de esos 400 mil dólares para obtener una declaración falaz.
El juez Lijo tiene a su cargo una causa paralela por graves irregularidades denunciadas en la pesquisa central del ataque terrorista que causó 85 muertos hace casi doce años (el 18 de julio de 1994) y que todavía sigue impune.
Hace algo más de dieciocho meses, el Tribunal Oral en lo Federal Tres declaró la nulidad de buena parte de la investigación que había realizado el entonces juez Galeno, dispuso las absoluciones de los acusados y ordenó que se investigue al magistrado y a varios ex funcionarios.
En el juicio oral donde fue absuelto, Telleldín declaró que aceptó el pago de los 400 mil dólares de Galeano, en 1996 y con su «voluntad viciada», según sus palabras para señalar a los ex policías bonaerenses Juan José Ribelli, Anastasio Leal, Mario Bareiro y Raúl Ibarra.
En la causa que investiga las irregularidades cometidas durante la pesquisa del atentado, Lijo también convocó para mañana al abogado Víctor Stinfale -quien ya había asistido a Telleldín en una época- mientras que el viernes a las 10 es el turno del ex titular de la SIDE en el menemismo Hugo Anzorreguy.
La semana próxima el magistrado tendrá frente a sí a su ex colega Galeano, a los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia y a Rubén Beraja, ex dirigente de la comunidad israelita en la Argentina.
Para Lijo el pago ilegal a Telleldín tuvo por objeto lograr «una nueva versión convenida previamente con el magistrado, acerca del destino que le diera a la camioneta que luego habría sido utilizada en el ataque a la sede de la AMIA, involucrando al personal de la Policía Bonaerense».
Diariohoy