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AMIA. Siguiendo la ruta del dinero

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Por Raúl Kollmann.-Pag12.-
La ex esposa de Carlos Telleldín, Ana Boragni, se presentó ayer ante el juez federal Ariel Lijo, entregó un escrito, no aceptó preguntas y se retiró. Acompañada por el mismo Telleldín, que llegó en un flamante Mercedes Benz, Boragni expuso en el texto un argumento endeble: que ella no sabía que los 400.000 dólares que se le entregaron provenían de la SIDE, sino que pensó que era el pago de una editorial por los derechos de un libro que dictaría Telleldín contando la supuesta verdadera historia de la Trafic que estalló en la AMIA. En verdad, en acuerdo con el juez Juan José Galeano, el dinero se lo dio la SIDE al Enano, como le decían a Telleldín, para que incriminara a los policías bonaerenses detenidos en la causa AMIA. Más allá de la respuesta escrita de Boragni y la que hoy va a presentar Telleldín, la causa va en otro sentido, mucho más grave: el plan original fue dejar presos a los policías –privación ilegal de la libertad–, para tranquilizar los reclamos de los familiares armando una pista falsa con culpables truchos. Y a Telleldín y Boragni se los acusa de participar de ese plan.

El expediente por irregularidades en el caso AMIA sobrevivió gracias al empuje de la agrupación Memoria Activa, al ex titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Alejandro Rúa, y también a José Manuel Ubeira, el abogado del principal policía detenido, Juan José Ribelli. Esa causa tiene dos enfoques posibles:

– El primero es que a Telleldín le pagaron, en forma ilegal, 400.000 dólares que se sacaron de los fondos del Estado. Los protagonistas principales serían el juez Galeano, el titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y todos los que participaron de la operación del pago, incluyendo a los dos hombres fuertes de la central de espías, Alejandro Broussón y Patricio Finnen, que declaran el miércoles, y los que recibieron la plata: Boragni, Telleldín y el abogado Víctor Stinfale. El delito sería peculado, que es robar dinero del presupuesto del Estado y, en concreto, del presupuesto de la SIDE. La pena va de dos a diez años de prisión.

– El segundo enfoque es más grave: haber privado de la libertad a varios policías bonaerenses con el objetivo espurio de entregarle falsos culpables a la sociedad y así acallar las críticas por la falta de investigación del atentado. El Tribunal Oral que encabezó el juicio AMIA se inclinó por este enfoque y lo propio surge del fallo que emitió hace unos días la Cámara de Casación. En la citación a indagatorias del juez Lijo, sólo se le imputa la privación ilegal de la libertad a Galeano, pero todos los que recorren los pasillos de Tribunales sostienen que éste puede ser el enfoque que abarque a todos, desde Galeano a Telleldín, pasando por Anzorreguy y los jefes de la SIDE. Esa manera de ver las cosas debería comprender también al poder político de entonces, empezando por el ex presidente Carlos Menem, ya que parece imposible que el pago y toda la maniobra en el caso AMIA se haya hecho sin conocimiento de la Casa Rosada.

No sabe, no contesta

Ayer, Boragni dejó por escrito su defensa diciendo que ella no sabía que el dinero venía de la SIDE, por lo que no se le podría imputar un delito como el de peculado. Según Boragni, el agente de la SIDE que le dio los 400.000 dólares, Juan Carlos Legascue, se presentó ante ella como miembro de una editorial que le pagaba los derechos del supuesto libro que iba a dictar Telleldín y que incriminaría a los policías. El argumento parece irrisorio. Boragni hablaba todos los días con Telleldín y seguramente conocía toda la negociación con Galeano y la SIDE.

Algo más consistente puede sonar la defensa que hoy hará Telleldín, también por escrito y sin aceptar preguntas. El argumento de El Enano es que Galeano lo tenía preso y que no tuvo otra chance que aceptar lapropuesta porque el juez lo amenazaba con dejarlo detenido durante años y años, mientras que si aceptaba la oferta le prometía dejarlo en libertad. «Ya el Tribunal Oral sostuvo que el pago fue coactivo o sea que yo no tenía otra opción. Y el Consejo de la Magistratura afirmó que la maniobra equivalió a una tortura», dice Telleldín. En su contra juega el hecho de que recién en 2001 le contó a Página/12 la verdad del pago. Y para entonces ya habían pasado más de cinco años de aquella maniobra.

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