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AMIA: arrancó una nueva etapa en la “otra” causa por el atentado

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Ana Boragni, esposa del reducidor de autos y ex detenido por el atentado a la AMIA, Carlos Telleldín, se encuentra ante el juez federal Ariel Lijo, quien la indagará en el marco de una causa paralela por anomalías en el expediente donde se investigó el ataque a la mutual judía.

Se trata de la causa en la que también deberán prestar declaración indagatoria el ex titular de la SIDE en el menemismo Hugo Anzorreguy (el viernes próximo), el destituido juez federal Juan José Galeano y los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, entre otros.

Fuentes allegadas a la investigación indicaron a Télam que Boragni (imputada de partícipe de «peculado») es defendida por el abogado Alberto Castiñeiras, mientras que la acusación la llevan adelante los fiscales Patricio Evers y Alberto Nissman.

La causa que investiga irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA arrancaró este lunes una nueva etapa con el inicio de una ronda de declaraciones indagatorias que podría derivar en la detención de varios acusados por graves delitos, como peculado y privación ilegítima de la libertad.

Para el martes, está citado Telleldín, también convocado a indagatoria por el cobro del dinero que él mismo refirió fue usado para pagar abogados de la causa AMIA y comprar un puesto de diarios en la localidad bonaerense de Munro, en el que hoy trabajan sus hijos.

Tanto Boragni como Telleldín podrían pedir mañana una postergación de su citación, debido a que ambos acaban de cambiar de abogado y el nuevo letrado podría solicitar más tiempo para estudiar la causa. Fuentes judiciales consideraron que ese dinero, «salido de fondos reservados de la SIDE», debería ser devuelto al Estado, algo que Telleldín en su momento ofreció, pero nunca concretó.

La mujer jamás había sido citada como sospechosa de delito alguno durante la investigación del atentado, aunque como ella misma declaró en el juicio oral donde se absolvió a Telleldín, fue la encargada de recibir las dos cuotas de 200 mil dólares abonadas en 1996.

El miércoles está convocado el mediático abogado Víctor Stinfale, quien defendió desde siempre a Telleldín y para el juez Lijo -además de haber sido supuestamente un activo negociador del pago ilegal-, también «actuó en connivencia» con Galeano y el entonces titular de la DAIA, Rubén Beraja.

Esto habría ocurrido el 6 de mayo de 1997 cuando presentó un escrito pidiendo una recompensa para Telleldín «por haber colaborado con la investigación» para «formar un legajo de recompensa para justificar el pago previamente realizado».

Los ex fiscales del caso, Eamon Mullen y José Barbaccia -también citados ahora a indagatoria- pidieron sin éxito en los ’90 al entonces juez Juan José Galeano la citación de la mujer como supuesta «partícipe necesaria» del ataque, cargo por el que se acusó a su marido. Galeano rechazó los pedidos y en 1996 Boragni fue la encargada de negociar con agentes de la SIDE y luego cobrar en dos pagos el pago acordado con el juez.

Galeano, Mullen y Barbaccia son los tres últimos citados por el juez, para el 13, 14 y 15 de junio, y resultaron los más complicados en la resolución donde también convocó a indagatoria al ex titular de la SIDE en el menemismo Hugo Anzorreguy y al ex titular de la DAIA Rubén Beraja.

A los ex funcionarios judiciales los imputó por peculado -por el pago a Telleldín- y además por privación ilegítima de la libertad agravada, en el caso de dos testigos, y no agravada, por los cuatro ex policías que estuvieron presos ocho años acusados del ataque y finalmente fueron liberados.

En los dos casos, se trata de delitos no excarcelables y que los ponen en riesgo de quedar detenidos después de la indagatoria, algo que quedará a decisión del juez del caso.

Galeano llegará a declarar patrocinado por el defensor oficial Juan Hermida y según fuentes cercanas al juez destituido, ya prepara su defensa con intenciones de hablar en detalle ante Lijo, defenderse de los cargos y volver a reivindicar todo lo que hizo en la pesquisa por el ataque.

Mullen y Barbaccia renunciaron a sus cargos y desde entonces se asociaron como abogados. Entre otras causas, asumieron la defensa de directivos de la empresa de aviación SW que se vieron envueltos en un escándalo por tráfico de droga en uno de sus vuelos a España.

El pago de 400 mil dólares hecho a Telleldín fue declarado «ilegal» por el Tribunal Oral Federal 3 que juzgó los hechos durante tres años y resultó la base de la anulación de gran parte de la causa AMIA y la absolución de los acusados.

Este veredicto derivó en duras denuncias contra funcionarios judiciales y políticos que actuaron en el caso, en un fallo que consideró que la causa se armó para satisfacer intereses «inescrupulosos» de los gobernantes de turno.

La causa que investiga las irregularidades de la investigación del atentado estuvo durante cuatro años a cargo del juez federal Claudio Bonadío, quien había convocado a indagatoria a muchos de los ahora citados, pero luego dejó sin efecto su misma resolución.

Bonadío fue apartado de la causa por la Cámara Federal por posible falta de imparcialidad, luego de que los jueces del tribunal oral pidieron investigar al ex ministro del Interior menemista Carlos Corach, quien había sido jefe del magistrado en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.
Telam

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