Las muertes diarias de policías, la lamentable situación económica y la parálisis del Gobierno palestino exigían un puñetazo sobre la mesa. Lo dio ayer el presidente palestino, Mahmud Abbas, que lanzó un ultimátum a Hamás. Si en 10 días los islamistas no aceptan la propuesta de crear un Estado palestino en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este -ocupados por Israel desde 1967-, Abbas convocará un referéndum sobre esa iniciativa en el plazo de 50 días. El meollo de la disputa no reside en la aceptación de ese Estado, sino en el reconocimiento implícito de Israel, que conlleva herejía para Hamás.
«El referéndum no es una amenaza», dijo el presidente en Ramala al comienzo de una reunión de todos los partidos palestinos, que pretende mitigar el caos creado por los enfrentamientos entre los cuerpos policiales de cada partido -han muerto 10 agentes o milicianos en mayo-, y pactar el reparto del poder entre el presidente, máximo dirigente de Al Fatah, y el Ejecutivo de Hamás. Pero sí es una amenaza. Y Hamás, cuyos diputados se pronunciaron ayer en términos ambiguos, recogió el guante. «Dirigirse al pueblo es uno de los principios más importantes de la democracia», dijo el presidente del Parlamento, Abdelaziz Duaik.
«Todos los palestinos, desde Hamás hasta los comunistas, estamos de acuerdo en que queremos un Estado palestino en las fronteras de 1967. Esto es lo que hay, no podemos hablar de sueños», afirmó el mandatario. El obstáculo no es la aceptación por parte del movimiento fundamentalista de ese Estado. La organización islamista ha repetido hasta la saciedad que si Israel se retira de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, detendría durante muchos años la resistencia y los ataques terroristas. El nudo gordiano descansa en el reconocimiento implícito del Estado israelí.
El plan que se sometería al referéndum fue fraguado en la prisión de Hadarim y anunciado hace dos semanas por prominentes líderes de Al Fatah -el diputado Maruan Barghuti, que cumple cinco cadenas perpetuas- y de Hamás -el jeque y también parlamentario Abdel Halek Natshe, también encarcelado-. El documento exige el retorno de los refugiados palestinos y la excarcelación de todos los presos recluidos en Israel, aspectos que Tel Aviv no aceptaría de ningún modo. Asimismo, Hamás y Yihad Islámica se adherirían a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), reconocida internacionalmente como representante del pueblo palestino. Y, en lo que supondría un nuevo paso adelante por parte de los movimientos islamistas, sus brazos armados se obligarían a limitar sus ataques y atentados a los territorios ocupados por Israel. Los máximos dirigentes de Hamás no han suscrito ese pacto firmado en la prisión, acogido con desdén.
Hamás está tan acorralado como dispuesto a resistir y a afrontar el referéndum. A la presión de EE UU y la UE -que no aportan las vitales ayudas financieras desde que Hamás se hizo cargo del Gobierno, hace tres meses- se suma la de los países vecinos a los territorios palestinos, especialmente Egipto y Jordania.
«Los países árabes», añadió Abbas, «aguardan una posición realista para trabajar en armonía y empujar la causa palestina. No pueden hacer nada por nosotros si lo rechazamos todo». No lo dijo expresamente, pero aludía a la iniciativa de la Liga Árabe adoptada en Beirut en 2002, que aboga por el reconocimiento formal de Israel a cambio de la retirada completa del Estado israelí a las fronteras previas a la guerra de 1967. Es ese reconocimiento de Israel el sapo que los islamistas palestinos aseguran que nunca tragarán.
«La situación se vuelve cada vez más peligrosa. La nación está en peligro. No podemos esperar el resto de nuestras vidas», aseguró Abbas. Es éste también uno de los enfoques que enfrentan a Al Fatah con Hamás. Los líderes fundamentalistas aseguran que su paciencia no tiene límites.
Por otra parte, Israel permitirá que se transfieran armas a la guardia personal de Abbas, tras sufrir recientes amenazas, informó ayer una portavoz del Ministerio de Defensa citada por Reuters.
El Pais