«Pienso que debería haber cambios en Siria», dijo el viceprimer ministro, Shimón Peres, después que la comisión investigadora de la ONU estimase que funcionarios de alto rango sirios y Libaneses están implicados en el asesinato de Hariri.
Peres llamó a Estados Unidos y a Francia a liderar la respuesta internacional a los resultados de las investigaciones.
Según el informe, el asesinato de Hariri, el pasado 14 de febrero, tuvo que tener la aprobación de los servicios sirios y libaneses de seguridad.
«Si se demuestra que el Gobierno está implicado en el asesinato, revolverá la autoridad de la familia del presidente sirio, Bachar Asad», dijo Peres en declaraciones a la radio.
Según el viceprimer ministro, «no es natural ni aceptable» que una familia que representa una pequeña minoría gobierne Siria de manera «brutal».
Asimismo, el diputado del partido Likud y presidente de la Comisión de Exteriores y Defensa de la Knéset, Yuval Steinitz, exigió un cambio de régimen en Damasco.
«No es sólo un interés estadounidense, sino también claramente un interés israelí poner fin a la dinastía de los Asad y reemplazar a Bachar Asad», dijo Steinitz.
Según Efraim Halevy, ex jefe de los servicios secretos israelíes en el extranjero, «Mosad», no es necesario demostrar la implicación directa del actual presidente sirio.
«La punta de la pirámide siria es Bachar Asad», dijo Halevy a la radio del Ejército.
«No creo que exista ninguna duda de que esto fue una operación amplia y coordinada y planeada durante muchos meses. Muchas personas de la elite siria estaban implicadas», dijo.
La implicación de altos funcionarios sirios y libaneses en la muerte del ex primer ministro libanés ha aumentado la posibilidad de que la ONU imponga sanciones a Damasco, como ya han solicitado varios países.
Dos grandes potencias, Estados Unidos y Gran Bretaña, se han mostrado partidarias de que el Consejo de Seguridad, del que son miembros permanentes, considere la posibilidad de actuar contra Siria mediante sanciones.
Además, Estados Unidos y Francia trabajan en sendos proyectos de resolución que podrían contemplar esta medida, pese a las reticencias iniciales de Rusia, un tradicional aliado de Siria, que podría vetar cualquier medida que se intente aprobar.
El documento incriminatorio tuvo una gran impacto en el Gobierno de Estados Unidos, uno de los más críticos con el régimen de Damasco.
Nada más conocer su contenido, el presidente George W. Bush pidió a la ONU que convoque una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad para analizar este «inquietante» dossier.
Bush indicó que había pedido a la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, que solicite a Naciones Unidas la convocatoria de una sesión «lo antes posible» para discutirlo, y que ya existían contactos con varios gobiernos árabes para discutir posibles acciones.
En términos similares se manifestó Rice, al afirmar que hay que encontrar la manera de hacer que las autoridades sirias asuman la responsabilidad por la muerte de Hariri.
El ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, Jack Straw, aseguró, en una entrevista con la BBC, que el Consejo de Seguridad debería considerar la posibilidad de imponer sanciones a Siria, a la luz del contenido de la documentación.
Straw instó a Damasco a dejar de interferir en la política interna de su pequeño país vecino y lo debe de hacer de una manera «radical».
Los miembros del Consejo de Seguridad tendrán ocasión de dar a conocer sus posiciones el próximo martes, en la sesión convocada expresamente para conocer el contenido del informe.
El informe ha sido elaborado con entrevistas a testigos y con la revisión de unos 60.000 documentos sobre el atentado con coche-bomba en el que murió el ex primer ministro libanés.
Hariri fue desde 1992 primer ministro del Líbano en varias ocasiones, la última de ellas hasta octubre de 2004, cuando dimitió, cuatro meses antes del atentado que le costó la vida.
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