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AMIA: el trauma de la impunidad

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Se cumplieron ayer 11 años del brutal atentado contra la AMIA. Once años de dolor, de vergüenza y de impunidad para los autores materiales e intelectuales del crimen que dejó sin vida a 85 personas y para quienes desde el poder político ayudaron a encubrir la actuación irregular de la Justicia.

Tales sentimientos quedaron de manifiesto ayer durante el acto central realizado en la sede de la mutual israelita, en el cual se recordó a las víctimas del atentado y, por enésima vez, se reclamó justicia.

Muchos son los motivos de la vergüenza que nos causa la conmemoración de un nuevo aniversario de este trágico suceso. No sólo la Justicia tiene hoy las manos vacías pese al hambre de verdad que padece la sociedad. Más allá de ese triste dato de la realidad, nos encontramos ante un caso en el que han aparecido señales reveladoras de que en altos niveles de la conducción del Estado, durante los años 90, se habrían ejecutado maniobras dirigidas a ocultar lo sucedido y a desviar el curso de la investigación.

Como lo hemos reflejado en anteriores editoriales, demasiados son los cuestionamientos que se le pueden hacer a la actuación judicial en la investigación del más grave atentado terrorista que sufrió la Argentina. La falsedad del acta en la que se dijo haber hallado el motor de la camioneta usada como coche bomba; los enormes errores y demoras en el seguimiento de las pistas siria e iraní; la decisión de borrar grabaciones importantes para el expediente; el cuestionable pago realizado a Carlos Telleldín, y la desaparición de numerosas pruebas vitales para la causa fueron sólo algunas de las irregularidades que sumergieron en un mar de dudas la seriedad de la investigación.

El cuestionado fallo del Tribunal Oral N° 3, que absolvió a los cinco principales acusados de integrar la conexión local en el ataque al edificio de la AMIA, señaló que la causa pareció haberse construido «pretendiendo atender las lógicas demandas de la sociedad, a la vez que satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos».

La pobreza de la investigación del atentado contra la AMIA queda aún más en evidencia cuando se advierte que en países que recientemente sufrieron ataques similares, como España o Gran Bretaña, se pudo identificar rápidamente a los responsables.

A partir de hoy, la Justicia tiene apenas un año para encontrar a los culpables que no haya citado a declarar. De acuerdo con la legislación penal vigente, cuando se cumplan 12 años del atentado, el delito habrá prescripto, por lo cual a partir de entonces se no podrá citar a nadie a prestar declaración indagatoria.

Esta cuestión fue planteada en la víspera por el presidente de la AMIA, Luis Grynwald, y por familiares de las víctimas, quienes pidieron la sanción de una ley de imprescriptibilidad de actos terroristas como el cometido el 18 de julio de 1994. El ministro Aníbal Fernández ratificó que «hay voluntad política» para llevar adelante «una ley que impida la prescripción» de casos judiciales sobre atentados terroristas como los ocurridos contra la AMIA y la embajada de Israel.

Sin duda, una norma como la que se estudia será positiva hacia el futuro, pero no podría tener retroactividad. La única salida pasaría por la posibilidad de que la Justicia considere el atentado contra la AMIA como un delito de lesa humanidad, que sea, en consecuencia, imprescriptible.

No obstante, parecería ésta una alternativa remota, si se tiene en cuenta que, recientemente, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha negado a concederle a España la extradición del terrorista etarra Lariz Iriondo y que dos de los miembros del alto tribunal han sostenido incluso que los crímenes de lesa humanidad son únicamente aquellos cometidos por un agente estatal en ejecución de una acción gubernamental o por un grupo con capacidad de ejercer un dominio análogo al estatal sobre un territorio determinado.

Si prevaleciese este criterio, quedaría claro que así como muchos de los integrantes de grupos guerrilleros que durante los años 70 sembraron el terror y cometieron innumerables atentados contra la población civil y militar hoy pueden circular por el país impunemente, dentro de un año podría ocurrir lo mismo con los autores del ataque a la AMIA, a menos que sean citados a prestar declaración indagatoria antes de que se cumpla ese plazo.

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