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El Gobierno reconoció frente a la OEA la responsabilidad del Estado argentino en la causa AMIA

Memoria Activa, CELS, CEJIL
El Gobierno reconoció frente a la OEA la responsabilidad del Estado argentino en la causa AMIA

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(12/07/2005) El presidente Néstor Kirchner firmó el decreto a través del cual el Estado argentino reconoce formalmente la responsabilidad internacional por la falta de prevención del atentado perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, por las graves y deliberadas irregularidades cometidas durante la investigación judicial, por la denegación de justicia y por las maniobras de encubrimiento tendientes a garantizar impunidad a los responsables materiales y políticos.

En 1999, Memoria Activa, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y del Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la falta de prevención del atentado perpetrado contra la sede de la AMIA y por la denegación de justicia en la investigación del atentado.

En marzo de este año, a pedido de Memoria Activa, la CIDH convocó en su sede de Washington a una audiencia a los representantes de Memoria Activa, CELS, CEJIL y del Estado para recibir información y escuchar el informe de la veeduría realizada por Claudio Grossman, ex presidente de la CIDH. Durante la audiencia, «el Estado argentino reconoció la responsabilidad por la violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, en cuanto existió incumplimiento de la función de prevención por no haber adoptado medidas idóneas y eficaces para prevenir el atentado —teniendo en cuenta que dos años antes se había producido un hecho terrorista contra la Embajada de Israel— y porque existió encubrimiento de los hechos y medió incumplimiento grave y deliberado de la función de investigación adecuada del ilícito, lo cual produjo una clara denegatoria de la función de justicia».

A partir de este reconocimiento, los peticionarios aceptaron iniciar un proceso de solución amistosa con el Estado. En esa misma oportunidad, se definió la agenda de la mesa de diálogo, la que incluye: el compromiso del Estado en el sentido de adoptar una serie de medidas tendientes a fortalecer la investigación penal (dando más recursos a la Unidad Especial del Ministerio de Justicia, y a la Fiscalía Especial a cargo del Dr. Alberto Nisman), revisar la legislación sobre el manejo de los fondos reservados de la SIDE, promover los juicios políticos a los funcionarios judiciales que no investigaron e impulsar el tratamiento de una ley general de reparaciones pecuniarias a favor de todas las víctimas del atentado.

Este decreto representa el cumplimiento de uno de los compromisos asumido por el Estado en el proceso de solución amistosa iniciado con Memoria Activa, el CELS y CEJIL, de difundir públicamente el reconocimiento de la responsabilidad del estado argentino por el incumplimiento de los deberes impuestos y violación de los derechos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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