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Reconocen formalmente la responsabilidad del Estado en la causa Amia

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«Desde el gobierno nacional este tema no tiene posibilidad de retorno, es siempre el camino hacia adelante desde la verdad y la justicia», señaló el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, que transmitió las palabras del presidente Néstor Kirchner durante el encuentro que mantuvieron en el despacho presidencial.

En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario se comprometió a fortalecer la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y a profundizar la investigación.

Además, anunció que se promoverá una ley de reparación, entre otras medidas.

Entre otras cosas, el Gobierno se compromete a:

* Profundizar el fortalecimiento de la Unidad fiscal.

* Tomar medidas tendientes a garantizar la investigación del atentado y la sanción de los responsables.

* Profundizar el relevamiento de archivo en poder de la SIDE.

* Transparentar fondos reservados.

* Promover una ley de reparación para todas las víctimas del atentado.

En 1999, Memoria Activa, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y del Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la falta de prevención del atentado y por la denegación de justicia en la investigación.

En marzo de este año, a pedido de Memoria Activa, la CIDH convocó en su sede de Washington a una audiencia a los representantes de Memoria Activa, CELS, CEJIL y del Estado para recibir información y escuchar el informe de la veeduría realizada por Claudio Grossman, ex presidente de la CIDH. Durante la audiencia, «el Estado argentino reconoció la responsabilidad por la violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, en cuanto existió incumplimiento de la función de prevención por no haber adoptado medidas idóneas y eficaces para prevenir el atentado —teniendo en cuenta que dos años antes se había producido un hecho terrorista contra la Embajada de Israel— y porque existió encubrimiento de los hechos y medió incumplimiento grave y deliberado de la función de investigación adecuada del ilícito, lo cual produjo una clara denegatoria de la función de justicia».

Este decreto representa el cumplimiento de uno de los compromisos asumido por el Estado en el proceso de solución amistosa iniciado con Memoria Activa, el CELS y CEJIL, de difundir públicamente el reconocimiento de la responsabilidad del estado argentino por el incumplimiento de los deberes impuestos y violación de los derechos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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