AJN/Itongadol.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticó la orden ejecutiva del presidente estadounidense Joe Biden que sanciona a «residentes de Judea y Samaria».
La Oficina del Primer Ministro dijo en un comunicado que “la mayoría absoluta de los residentes de Judea y Samaria son ciudadanos respetuosos de la ley, muchos de los cuales están luchando ahora mismo en el servicio activo y de reserva para proteger a Israel”.
«Israel actúa contra todos los que violan la ley en todas partes», continúa la declaración, «y por lo tanto no hay lugar para medidas excepcionales a este respecto».
El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, fue más allá y acusó a Biden de hacer causa común con los antisemitas y legitimar agresiones a israelíes al imponer nuevas sanciones a quienes ataquen a palestinos en la Margen Occidental.
«La campaña sobre la violencia es una mentira antisemita que los enemigos de Israel difunden con el objetivo de difamar a los pioneros y el emprendimiento poblacional, dañarlos y así difamar a todo el Estado de Israel», dijo.
“Es una campaña inmoral del BDS que convierte a las víctimas en atacantes. Es una lástima que la administración Biden coopere con esas acciones”, añadió el ministro.
«Con la ayuda de D’s, continuaré actuando sin miedo para fortalecer y desarrollar la poblasion judía en todas partes de la Tierra de Israel y luchar por una paz sostenible, que solo se logrará cuando se elimine la esperanza de los árabes de establecer un Estado árabe sobre las ruinas del Estado judío. Si el precio es la imposición de sanciones estadounidenses, que así sea.»
La orden ejecutiva establece un sistema para imponer sanciones financieras y restricciones de visa a personas que hayan atacado o intimidado a palestinos o se hayan apoderado de sus propiedades, les dijeron a los periodistas dos altos funcionarios de la administración.
La orden les congela cualquier activo en los Estados Unidos y, en general, les prohíbe a los estadounidenses tratar con ellos.
En diciembre, Estados Unidos comenzó a imponer prohibiciones de visa a personas supuestamente involucradas en casos de violencia en la Margen Occidental.