Itongadol/Agencia AJN.- El vicepresidente de la Corte Suprema de Israel, Noam Sohlberg, ordenó al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, retirar de todas sus redes sociales un video relacionado con la flotilla Sumud, al considerar que constituye propaganda electoral realizada mediante el uso indebido de recursos públicos.
La decisión fue adoptada tras una petición presentada por el Movimiento por un Gobierno de Calidad, que argumentó que el material vulneraba la legislación electoral israelí.
Además de ordenar la eliminación del video, Sohlberg dispuso que Ben Gvir pague 8.000 shekels en concepto de costas judiciales. Asimismo, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Servicio Penitenciario de Israel deberán abonar conjuntamente otros 15.000 shekels, por lo que el total de la sanción económica asciende a 23.000 shekels.
El video, de 38 segundos de duración, mostraba a Ben Gvir recorriendo un centro de detención en el puerto de Ashdod, donde se encontraban retenidos activistas de la flotilla Sumud, mientras agitaba una bandera israelí. Según el fallo, las imágenes fueron grabadas dentro de instalaciones del Servicio Penitenciario y posteriormente difundidas en las cuentas personales del ministro.
Sohlberg sostuvo que, aplicando el criterio del “propósito dominante”, el contenido tenía un claro objetivo de campaña política. Entre los elementos considerados se encuentran la utilización de instalaciones estatales, la presencia de personal uniformado y la difusión posterior en redes sociales con fines políticos.
El magistrado aclaró que la resolución se limitó exclusivamente al ámbito de la legislación electoral y no abordó las repercusiones públicas o internacionales que pudo haber generado el video. Sin embargo, afirmó que el material estaba “saturado de elementos propagandísticos”, ya que resaltaba los logros y posiciones políticas del ministro.
La petición original había sido presentada el 2 de junio, casi dos semanas después de la publicación del video. Debido a esa demora, no se emitió una orden cautelar inmediata para retirarlo. No obstante, la Corte señaló que el amplio alcance que tuvo la grabación, tanto en Israel como en el exterior, no impide la aplicación de la ley.
El Movimiento por un Gobierno de Calidad argumentó que el caso forma parte de un patrón más amplio de utilización de recursos estatales con fines políticos. En ese sentido, el fallo recordó un precedente emitido en marzo por el propio Sohlberg, en el que se estableció que las instalaciones penitenciarias y el personal uniformado no pueden ser utilizados para actividades de campaña.
“La utilización de instalaciones estatales, uniformes y personal de seguridad para fines electorales constituye una vulneración de la confianza pública y del carácter institucional del cargo”, sostuvo el abogado Tomer Naor, subdirector general de Estrategia y Asuntos Jurídicos de la organización demandante.
La resolución refuerza la separación entre el ejercicio de funciones públicas y las actividades de campaña política, al establecer consecuencias concretas para quienes utilicen bienes del Estado con fines electorales.