Itongadol.- El martes por la mañana comenzó una audiencia histórica en el Tribunal Superior de Justicia, cuando los 15 magistrados entraron en la sala todos juntos por primera vez para escuchar los argumentos para tumbar la ley de criterios de razonabilidad de la reforma judicial.
La vista es la culminación de un año de agitación política y jurídica para Israel, en el que se pondrá en tela de juicio la primera y hasta ahora única ley de reforma judicial que se ha aprobado.
La ley sobre el criterio de razonabilidad del 24 de julio restringe una doctrina del derecho anglosajón que permitía al tribunal emprender una revisión judicial de las decisiones administrativas del gobierno consideradas mucho más allá de lo que emprendería una autoridad razonable y responsable. Según la ley, el tribunal no puede revisar las decisiones administrativas o la inacción del gobierno, los ministros y el primer ministro, pero la norma sigue aplicándose a los funcionarios públicos.
La legislación era una enmienda a las leyes básicas cuasi constitucionales de Israel. El tribunal nunca ha derogado una ley básica, y se discute si tiene capacidad para hacerlo. En las últimas semanas, miembros de la oposición y de la coalición han debatido esta cuestión jurídica, haciendo temer una crisis constitucional.
Peticionarios y demandados van a continuar en los tribunales los argumentos sobre la legitimidad de anular enmiendas a leyes básicas. Las deliberaciones se centrarán en comprobar si la Knesset abusó de su autoridad constituyente para aprobar una ley de motivación política inadecuada a las normas de un artículo constitucional.
Hay un total de ocho peticiones presentadas por decenas de ONG y activistas. El Gobierno, el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, estarán representados por el abogado Ilan Bombach, en lugar de por la Fiscalía General, una excepción especial para situaciones únicas y delicadas en las que el cliente gubernamental y la representación legal mandataria chocan en sus posiciones.