La administración Trump presentó una demanda por derechos civiles acusando a la Universidad de California en Los Ángeles de ser “deliberadamente indiferente” al acoso antisemita contra estudiantes judíos e israelíes, en el tercer caso contra la institución en pocos meses. La denuncia se centra en un campamento propalestino de 2024 y en manifestaciones propalestinas realizadas hasta el presente año.
Itongadol/Agencia AJN.- La administración Trump demandó esta semana a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), alegando que la universidad fue “deliberadamente indiferente” al acoso antisemita contra estudiantes judíos, marcando la tercera demanda del gobierno contra la UCLA este año y una fuerte escalada de la presión federal en materia de derechos civiles sobre el mayor sistema universitario público de investigación de Estados Unidos.
La denuncia de 53 páginas, presentada ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Central de California, sostiene que la UCLA violó derechos civiles federales al tolerar un ambiente hostil para estudiantes judíos e israelíes tras la masacre de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.
La embestida de la organización terrorista palestina desencadenó la guerra de Israel en la Franja de Gaza, que provocó amplias protestas estudiantiles y campamentos propalestinos durante la primavera, incluido uno en UCLA que fue escenario de violentos enfrentamientos la noche del 30 de abril de 2024.
El gobierno solicitó al tribunal obligar a UCLA a devolver fondos federales de subvenciones correspondientes a más de dos años —potencialmente cientos de millones de dólares—, impedirle obtener nuevos contratos federales hasta que se determine que cumple con la legislación de derechos civiles, e instalar un supervisor independiente designado por la corte que supervise sus prácticas en esta materia. El departamento también pidió que la universidad reforme sus procedimientos antidiscriminación.
Las exigencias son mucho más limitadas que los amplios cambios en políticas y cultura universitaria que la administración Trump buscó imponer a UCLA en agosto de 2025, cuando propuso sin éxito que la universidad pagara aproximadamente 1.200 millones de dólares para resolver acusaciones de violaciones de derechos civiles.
La demanda, que se centra en el campamento propalestino, argumenta que manifestantes encapuchados “patearon y abofetearon judíos, golpearon judíos con palos y los agredieron con gas pimienta”. En ese sentido, la administración Trump afirmó que los líderes de la UCLA “no tomaron ninguna medida seria” hasta el 2 de mayo de 2024, cuando la policía despejó el campamento.
La presentación judicial también advierte que los líderes universitarios no protegieron adecuadamente a los estudiantes judíos e israelíes hasta el presente año. Para respaldar el caso, los documentos judiciales citan manifestaciones organizadas por grupos Students for Justice in Palestine, prohibidos como organizaciones oficiales de la UCLA, pero que continuaron realizando protestas no autorizadas en el campus. El grupo incluye miembros y simpatizantes judíos.
En respuesta a la demanda, el rector de UCLA, Julio Frenk, aseguró que “la sugerencia de que la UCLA fue pasiva frente al antisemitismo es simplemente incorrecta. Combatir el antisemitismo es un imperativo moral, uno arraigado, para mí, en una historia personal que hace impensable la indiferencia”. Los abuelos de Frenk escaparon de la Alemania nazi y su esposa, Felicia Knaul, es hija de una sobreviviente del Holocausto.
“Solo en el último año tomamos numerosas medidas concretas para combatir el antisemitismo. Reclutamos un vicerrector asociado para seguridad del campus y de la comunidad. Reorganizamos nuestra oficina de derechos civiles. Designamos un funcionario del Título VI. Y fortalecimos nuestras políticas para proteger tanto la libertad de expresión como la seguridad de cada miembro de nuestra comunidad”, detalló Frenk.
Asimismo, en un comunicado separado, el presidente de la UCLA, James B. Milliken, remarcó que era “muy decepcionante que esta reciente demanda no muestre reconocimiento ni respeto” por los esfuerzos antidiscriminación impulsados bajo el liderazgo de Frenk.
“Este litigio —y otras acciones emprendidas por el gobierno federal dirigidas contra la UCLA— no contribuyen en nada a nuestros esfuerzos continuos para abordar el antisemitismo y crear entornos universitarios seguros y acogedores para todos los miembros de nuestra comunidad”, añadió Milliken.
La demanda toma varias de sus acusaciones de un informe de 2024 elaborado por el antiguo Grupo de Trabajo sobre Antisemitismo y Sesgo Antiisraelí de la UCLA, que ese otoño concluyó que existían “percepciones generalizadas de antisemitismo y sesgo antiisraelí en el campus”.
Ese grupo se transformó en la Iniciativa de la UCLA para Combatir el Antisemitismo, que este mes publicó un informe destacando que la UCLA avanzó en la mejora del clima universitario, incluyendo nuevas capacitaciones y reformas en el sistema de denuncias por derechos civiles, aunque todavía queda trabajo por hacer.
Tras las protestas universitarias de 2024, la UCLA también encargó un grupo de trabajo sobre racismo antipalestino, antiárabe y antimusulmán, que detectó “un aumento del acoso, la violencia y la persecución” contra esos grupos desde 2024 y sugirió reformas en las normas policiales y de protesta del campus, alegando que perjudicaban injustamente a las voces propalestinas. La demanda del Departamento de Justicia no aborda esas preocupaciones.
La nueva presentación judicial se suma a una creciente lista de acciones del Departamento de Justicia contra la UCLA este año.
En enero, la administración Trump se sumó a una demanda que indicaba que la Facultad de Medicina David Geffen de la UCLA utilizó un “enfoque sistemáticamente racista” en las admisiones, favoreciendo a postulantes negros y latinos sobre candidatos blancos y asiático-estadounidenses, en violación de la cláusula de igualdad de protección y del fallo de la Corte Suprema de 2023 que prohibió la acción afirmativa basada en raza.
En febrero, el Departamento de Justicia demandó a la UCLA manifestando que administradores de la UCLA “ignoraron rutinariamente” y “no reportaron” denuncias de antisemitismo por parte de empleados, citando lo que describió como un problema laboral “grave y generalizado” desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en 2023.
El Departamento de Justicia también amplió recientemente su escrutinio sobre derechos civiles en facultades de medicina estatales más allá de la UCLA. En marzo, la división abrió investigaciones para determinar si la Universidad de California en San Diego y Stanford incurrieron en discriminación racial en las admisiones de medicina, exigiendo siete años de datos de postulantes y poniendo potencialmente en riesgo cientos de millones de dólares en fondos federales para investigación. Ambas instituciones afirmaron cumplir con las leyes estatales y federales contra la discriminación.