Itongadol/AJN.- Mañana, jueves, desde las 10.30 hs., se reanudará el juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA con el comienzo de una nueva etapa, correspondiente a la presunta protección a Alberto Jacinto Kanoore Edul, vinculado con el entonces presidente Carlos Menem y clave en la llamada “pista siria”.
Además del ex mandatario, por este hecho están imputados su ex secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, y su segundo, Juan Carlos Anchézar, el destituido juez Juan José Galeano y los ex comisarios de la Policía Federal Jorge Palacios y Carlos Castañeda, ya condenado por la destrucción o pérdida de otras pruebas.
En cambio, por haber fallecido no es juzgado el ex funcionario Munir Menem, hermano del primero.
Los primeros testigos de este segmento serán Daniel Francica y los entonces policías federales Carlos Salomone y Claudio Camarero.
El 31 de julio de 1994, Galeano ordenó allanar tres domicilios en la calle Constitución para arrestar a Kanoore Edul y otras personas sospechosas y secuestrar documentación, agendas, explosivos u otros elementos que pudiesen ser de interés para la investigación.
El mandato judicial autorizaba los allanamientos a partir de la medianoche, pero el registro de Constitución 2695 recién se efectuó a las 17.20 hs., solo por parte del entonces oficial ayudante Camarero -según el acta- y con la presencia de los testigos Francica y Abdala Nasra; allí se arrestó a Kanoore Edul y se secuestraron dos agendas, un anotador, diez casetes de audio, etc.
Pese a que la lógica y la práctica policial indican que los procedimientos debían ser simultáneos, para evitar evasiones u ocultamientos de pruebas, el de Constitución 2745 fue llevado a cabo a las 19.30 hs. y solo por el entonces principal Salomone -según las constancias-, pero con los mismos testigos; tras una “minuciosa requisa del inmueble” nada se incautó.
Finalmente y en forma inexplicable, no se ingresó a Constitución 2633, “por tratarse del domicilio y comercio del padre” y “debido al resultado obtenido en las restantes” incursiones.
En el legajo 129 de la “causa AMIA”, Francica contó que era un vecino del lugar y que vio que policías de civil vigilaban la casa de Kanoore Edul desde la mañana.
Salomone explicó que tenían que “esperar la orden” del POC para proceder y que actuaron ni bien la recibieron por un teléfono celular, aunque no recordaba quién se la dio; ello a pesar de que Palacios se encontraba allí.
Por su parte, Camarero reconoció haber ido a los dos lugares y haber confeccionado ambas actas, Francica dijo creer que en ambos casos actuaron las mismas personas y Nasra identificó al responsable de los dos procedimientos como Salomone.
Éste incluso admitió que “no tiene lógica” y “no es común que se utilicen los mismos testigos para distintos allanamientos”, y al detallar el allanamiento se refirió a “una esquina”, en referencia a Constitución 2695, donde se supone que no estuvo.
Además, Nasra subrayó que el trato entre los policías, Edul y su padre “fue muy ameno, con alguna nota risueña” y que el detenido estuvo en el segundo allanamiento.
Galeano aceptó que todo lo relatado ocurriera sin quejarse, ni denunciarlo; según los acusadores, recibió una orden en ese sentido de Menem, a través de su hermano.
Por otra parte, ambos policías participaron en muchas otras diligencias de la causa, como el procedimiento y posterior arresto de Carlos Telleldín, último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic.
Entre los 140 testigos citados también se encuentran la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros miembros de la entonces Comisión Bicameral parlamentaria que acompañaba la investigación, el ex prosecretario judicial Claudio Liftschitz, quien reveló el supuesto encubrimiento y espera ser juzgado por violación de secretos de Estado, y el ex espía Antonio Stiuso, cuya negativa a declarar ante la Unidad Fiscal genera gran incertidumbre en querellas y defensas.
El esperado y muy demorado juicio oral, que comenzó el 6 de agosto de 2015 y podría durar dos años, reúne dos causas: el mencionado pago ilegal y la interrupción de la investigación contra Kanoore Edul, más otros delitos que habrían cometido Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.
Por ambos hechos están imputados el ex magistrado y Anzorreguy, mientras que solo por el primero también se acusa a los ex fiscales, el ex espía Patricio Finnen y el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, y a Telleldín y sus entonces concubina, Ana María Boragni, y abogado, Víctor Stinfale, por recibir y usufructuar el dinero.
En cambio, por haber fallecido no es juzgado el ex espía Alejandro Brousson.
Enfrente están los fiscales que reemplazaron a Alberto Nisman y seis querellas de familiares de víctimas -Memoria Activa, 18J y APEMIA-, instituciones judías -AMIA y DAIA-, los ex policías y el Ministerio de Justicia.
La causa había recaído originalmente en el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 3, que realizó el juicio anterior, así que volvió a sortearse y le tocó al TOF 2, cuyos miembros sufrieron numerosas recusaciones o excusaciones que demoraron por años el inicio del debate.