El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, destacó la tarea realizada por el Gobierno para impedir el ingreso de inmigrantes ilegales a Israel y precisó que “desde el comienzo del año, 17 infiltrados cruzaron la frontera desde Egipto pero todos ellos fueron detenidos”.
“Conseguimos frenar el ingreso de inmigrantes ilegales gracias a la valla que hemos construido y ahora estamos trabajando para repatriar a los infiltrados a sus países de origen”, resaltó el jefe del Gobierno israelí a través de su cuenta en Facebook.
Netanyahu indicó que “en el marco de los esfuerzos que se están realizando para repatriar a los infiltrados a sus países de origen, 2000 infiltrados abandonaron voluntariamente (Israel) en los últimos meses”.
Por su parte, las organizaciones defensoras de los derechos humanos Human Rights Watch y Hotline for Migrant Workers difundieron hoy miércoles un informe en el que denuncian que Israel está amenazando a detenidos eritreos y sudaneses, incluidos los solicitantes de asilo, con someterlos a una detención prolongada para presionarlos a que abandonen territorio israelí.
Según el informe, “la presión de Israel ha convencido a varios cientos de detenidos sudaneses y eritreos a salir de Israel, y en febrero de 2013, unos 50 eritreos detenidos acordaron bajo una presión similar ir a Uganda".
De acuerdo a lo precisado por las organizaciones, los 50 eritreos detenidos permanecen bajo custodia.
Humanos Rights Watch y Hotline for Migrant Workers advirtió que aquellos inmigrantes que llegan de Sudán y Eritrea se enfrentan a un riesgo real de sufrir daños si regresan a sus países de origen.
En este sentido indicaron que en virtud de la legislación del Sudán, cualquiera que haya visitado Israel se enfrenta a penas de hasta 10 años de prisión en Sudán y las autoridades sudanesas advirtieron que los tribunales aplicarán la ley.
“La prolongada detención por parte de Israel de los solicitantes de asilo al parecer tiene como objetivo destruir toda esperanza por lo que sienten que no tienen más remedio que abandonar el país ", señaló Gerry Simpson, investigador principal sobre refugiados de Human Rights Watch.
El alcance de los derechos constitucionales de los inmigrantes y la política de Israel de mantener detenidos hasta 2000 ilegales en Saharonim, un centro de detención en el sur del país, se encuentra actualmente bajo el análisis de la Corte Suprema de Justicia.
Este martes, el máximo tribunal emitió una orden condicional en contra de la política de Israel de detener a ciertos inmigrantes en Saharonim, exigiendo que el Estado explique cómo la medida política no viola los derechos constitucionales y el derecho internacional de los ilegales.
El Gobierno tiene por lo menos hasta 30 de abril para responder, lo que indica que el tribunal no considera la cuestión como una emergencia, tal como alertaron las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
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