La denunciante es Laura Ginsberg, representante de Apemia, asociación que lidera desde que perdió a un familiar en el atentado a la sede de la AMIA. En diálogo con Infobae dijo: «Lo que se publicitó como apertura de archivos no es tal, no son los archivos secretos que venimos reclamando».
De todas formas, la semana pasada ella ingresó en el edificio de la SIDE en búsqueda de información, y según explica en el escrito que el lunes entregó al ministro Gustavo Beliz, «en el acta correspondiente que se firmara al ingresar a la secretaría, la Sra. Ginsberg manifestó estar en conocimiento de los resguardos de confidencialidad dispuestos por el decreto presidencial», aunque «nada decía sobre tomar apuntes», agregó ella a este medio.
Una vez finalizada su visita al edificio, se acercó un hombre que le pidió unos apuntes escritos de puño y letra de Ginsberg, donde ella había tomado nota «porque para saber cómo seguir buscando, uno se arma una hoja de ruta», explicó. Y además, registró todo aquello que consideró importante como «elementos que puedan resultar de interés en las investigaciones», tal cual reza el artículo primero del decreto 787/03.
Cómo es el acceso
Alejandro Rúa es el responsable de la Unidad Especial de Investigación, creada una vez publicada la norma en el Boletín Oficial para poner en marcha la consulta a los archivos, «en la que además podrán participar los funcionarios judiciales o del Ministerio Público Fiscal que asignen los magistrados actuantes en las causas referidas, y aquellas personas que al respecto designen las partes querellantes en representación de las víctimas de los atentados», según dice el decreto.
Este medio intentó sin suerte una comunicación con Rúa para conocer los alcances de la norma y la explicación que dará el ministerio ante el episodio. Según Ginsberg, «le dimos plazo hasta mañana o pasado (por hoy o mañana) para que me devuelvan los apuntes. Del mismo escrito que le dejamos a Beliz y Rúa, enviamos copias a (Héctor) Icazuriaga, titular de la SIDE, y (Eduardo) Duhalde, secretario de Derechos Humanos».
Más allá de los archivos, se decidió hacer la presentación considerando la «violación a los derechos de propiedad e intimidad, llegando a amenazarla con no poder retirarse del edificio», dice el escrito.
Valeria Cavallo
Infobae