La Shoá ocupa un lugar importante en la sentencia que el Tribunal Oral Federal Nº 5 de la Capital Federal dio a conocer ayer, miércoles, por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), entre ellos el secuestro, torturas y/o asesinato de 17 judíos.
Las víctimas fueron Ariel y Daniel Aisenberg, Sergio Martín Bejerman, María Eva Bernst de Hansen, Fernando Brodsky, Raquel Bulit, Ricardo Héctor Coquet, Horacio Aníbal Elbert, Enrique Mario Fukman, Lázaro Jaime Gladstein, Martín Tomás Gras, Carlos Gregorio Lordkipanidse, Daniel Marcelo Schapira, Sara Solarz, Alicia Elisa Tokar, Felisa Violeta Wagner y Silvia Wikinsky.
A diferencia de lo ocurrido en otras causas similares, el fallo de 2.005 páginas, al que tuvo acceso la Agencia Judía de Noticias (AJN), rechazó la pretensión de las querellas de tipificar al conjunto de esos crímenes como “genocidio” porque la persecución por motivaciones políticas no está contemplada en la convención internacional respectiva.
Aun así, la corte presidida por Daniel Obligado e integrada también por Ricardo Farías y Germán Castelli entendió que “los hechos objeto de este proceso resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad” y condenó a prisión perpetua a once ex militares y un ex policía argentinos.
Se trata de Alfredo Astiz, Jorge “El Tigre” Acosta, Ricardo Cavallo, Jorge Radice, Antonio Pernías, Raúl Scheller, Oscar Montes, Alberto González, Néstor Savio, Adolfo Donda, Julio César Coronel y Ernesto Weber.
En tanto, otros cuatro imputados -Juan Antonio Azic, Carlos Capdevilla, Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea- recibieron una pena de entre 18 y 25 años de cárcel.
En cambio, Juan Carlos Rolón y Pablo García Velazco resultaron absueltos.
El tribunal dedicó numerosos párrafos a relatar las particularidades de la Shoá, con citas de diversos expertos en la materia -algunas extraídas de la revista del Museo del Holocausto de Buenos Aires-, incluidas las actividades de los consejos judíos (Judenrat) o los ensañamientos con las mujeres.
Un hecho curioso de la sentencia es que menciona un fragmento de una de las indagatorias del represor Acosta, en la cual se quejó de que desde la caída del Muro de Berlín, en 1989, el Partido Comunista mundial -“solventado económicamente por la socialdemocracia europea”-, la inteligencia británica y “las fuerzas palestinas y judías se complotaron para destruir a las Fuerzas Armadas Argentinas, y hoy se vive ese impacto hacia la justicia argentina”.
Cabe consignar que el antisemitismo de este imputado fue denunciado por numerosas víctimas del “Proceso”, lo cual no le impidió ser un “testigo de identidad reservada” en la investigación del atentado a la AMIA, cuando ésta estaba a cargo del destituido juez Juan José Galeano.
Quizás en respuesta al citado desvarío, los jueces destacaron en su sentencia que “la diversidad cultural argentina se vio enriquecida con aportes” de varias comunidades religiosas, entre ellas la judía.
En el debate fueron juzgados 18 represores, por los delitos cometidos en perjuicio de 86 personas, 17 de las cuales aparecen en el “Informe sobre la situación de los detenidos-desaparecidos judíos durante el genocidio perpetrado en Argentina 1976-1983” editado por la DAIA en noviembre de 2007.
La mayor cantidad de sentenciados se dio en los casos de Raquel Bulit y Horacio Aníbal Elbert, ya que fueron sancionados con prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua los ex capitanes de fragata Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Antonio Pernías y Néstor Omar Savio, el ex teniente de fragata Jorge Carlos Radice, los ex capitanes de corbeta Ricardo Miguel Cavallo y Alberto Eduardo González, el capitán de navío Raúl Enrique Scheller, el ex mayor del Ejército Julio César Coronel y el ex oficial de la Policía Federal Ernesto Frimon Weber.
Todos fueron considerados coautores de doce homicidios triplemente calificados por haber sido cometidos con alevosía, dos o más personas y para procurar su impunidad; privaciones ilegítimas de la libertad doblemente agravadas por ser funcionario público y haber sido perpetradas con violencia; e imposiciones de tormentos a perseguidos políticos.
Entre las víctimas también se encontraban las monjas francesas Alice Anne Marie Jeanne Domon y Renée Leonnie Henriette Duquet y la fundadora de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor de De Vincenti.
En tanto, el ex contralmirante Manuel Jacinto García Tallada y el ex suboficial de la Policía Federal Juan Carlos Fotea recibieron veinticinco años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.
A éste se le endilgaron los mismos hechos que a los anteriores, mientras que García Tallada fue encontrado autor mediato de trece privaciones ilegítimas de la libertad doblemente agravadas por ser funcionario público y haber sido cometida con violencia y doce imposiciones de tormentos a perseguidos políticos.
En cambio, el ex capitán de fragata Juan Carlos Rolón resultó absuelto.
Además, Acosta fue condenado por ocho privaciones ilegítimas de la libertad triplemente agravadas por ser funcionario público y haber sido cometidas con violencia y durado más de un mes; e imposiciones de tormentos a perseguidos políticos, entre ellos Sara Solarz, Martín Tomás Gras, Ricardo Héctor Coquet y Carlos Gregorio Lordkipanidse.
Lo propio ocurrió con Pernías, pero en perjuicio de los tres primeros.
A Scheller le adjudicaron la misma calificación, pero en siete oportunidades, incluidos Enrique Mario Fukman, Lázaro Jaime Gladstein y María Eva Bernst de Hansen.
Astiz fue condenado por ese mismo delito contra Lordkipanidse, Gladstein y otros tres casos.
Y García Tallada fue hallado culpable de once hechos similares, en perjuicio de Silvia Wikinsky, Felisa Violeta Wagner y Alicia Elisa Tokar, entre otros.
Por otra parte, el ex vicealmirante Oscar Antonio Montes también cumplirá prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua como autor mediato de diecinueve privaciones ilegítimas de la libertad triplemente agravadas por ser funcionario público y haber sido cometidas con violencia y durado más de un mes; e imposiciones de tormentos a perseguidos políticos contra Solarz, Gras, Coquet, Ariel y Daniel Aisenberg, Daniel Marcelo Schapira, etc., y otras catorce doblemente agravadas por ser funcionario público y haber sido cometidas con violencia; e imposiciones de tormentos a perseguidos políticos en perjuicio de Sergio Martín Bejerman, entre otros.
La misma pena recibió el ex capitán de fragata Adolfo Miguel Donda por ser coautor de dieciocho privaciones ilegítimas de la libertad triplemente agravadas por ser funcionario público y haber sido cometidas con violencia y durado más de un mes; e imposiciones de tormentos a perseguidos políticos, entre ellos Gladstein, Fukman, Lordkipanidse y Fernando Brodsky.
Finalmente, Juan Antonio Azic fue condenado a dieciocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por considerarlo coautor de este mismo delito, pero en tres oportunidades, dos de los cuales fueron Gladstein y Lordkipanidse.
Además, el tribunal rechazó el planteo de nulidad del alegato y la dúplica de la querella encabezada por Mauricio y Sara Silberg de Brodsky, y ordenó que se investigue la denuncia hecha por su letrados acerca de “violación y abusos sexuales acaecidos en el ámbito de la Esma (sic), como así también las privaciones ilegales de la libertad y, si corresponden, las torturas de niños y niñas secuestrados con sus padres en ese mismo ámbito”.
Todos los castigados ya cuentan con sentencias anteriores por hechos similares y se encuentran detenidos en los complejos penitenciarios federales I de Ezeiza (Acosta, Donda y Pernías) y II de Marcos Paz (Astiz, Rolón, Cavallo, Radice, Savio, Scheller, González y Fotea) o cumplen prisión domiciliaria (Montes, Frimon Weber y Coronel), mientras que Azic está internado en una clínica psiquiátrica.
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