Itongadol/Agencia AJN.- El Centro Internacional de Justicia para los Palestinos (ICJP, por su sigla en inglés) fue condenado a pagar las costas procesales tras haber fracasado en su “atroz” e “inexcusable” intento de procesar al soldado británico-israelí «A» que sirvió en una unidad de la Reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) después de la Masacre del 7 de Octubre de 2023.
La entidad presentó la denuncia el 6 de noviembre, con el objetivo de que el soldado fuera acusado bajo la Sección 4 de la Ley de Reclutamiento en el Extranjero (FEA, por su sigla en inglés) de 1870.
Sin embargo, la asociación Abogados del Reino Unido por Israel (UKLFI, por su sigla en inglés ) intervino y señaló que ese delito solo podía ser cometido por “un súbdito británico” y que en virtud de la Sección 35 de la Ley de Nacionalidad Británica de 1981, un ciudadano británico y/o israelí no lo es.
También señaló que sucesivos gobiernos del Reino Unido han declarado explícitamente que la FEA no se aplica a los ciudadanos con doble nacionalidad que sirven en las FDI.
El juez de Westminster Paul Goldspring dictaminó el 8 de abril que la denuncia del ICJP era “fundamentalmente errónea desde el punto de vista legal”, ya que «para un ciudadano con doble nacionalidad, el servicio en las Fuerzas Armadas de su otro Estado no constituye un ‘alistamiento en el extranjero’ en ningún sentido relevante».
También afirmó que en realidad A no se “alistó” el 8 de octubre de 2023, sino que simplemente se presentó para cumplir con su deber de reservista en virtud de su obligación legal según la legislación israelí.
Asimismo, Goldspring desestimó el argumento de que Israel estaba en guerra con un Estado amigo del Reino Unido, como prevé la FEA, y aclaró que incluso si el caso fuera sólido, “que no lo es”, la denuncia igual fracasaría debido a la falta de pruebas admisibles.
“Se basa exclusivamente en material de fuentes abiertas para establecer la ciudadanía británica. Si bien la posesión de un pasaporte británico es prueba directa de la nacionalidad británica, no existe fundamento probatorio adecuado para afirmar que el pretenso acusado posea dicho pasaporte. El material que tengo ante mí consiste en fotografías y afirmaciones, pero no en pruebas admisibles que puedan ser demostradas ante un tribunal penal”, fulminó.
Goldspring también afirmó que el reconocimiento de un inexistente Estado palestino por parte del Reino Unido no puede aplicarse con efecto retroactivo.
Además, «el conflicto en Gaza y el Líbano es, en realidad, con las organizaciones terroristas proscritas en el Reino Unido de Hamas y Hezbollah. No puede considerarse que el Reino Unido esté ‘en paz’ con organizaciones terroristas proscritas (ver Anexo 2 de la Ley de Terrorismo de 2000)», refutó.
“Cabe destacar también que la Real Fuerza Aérea participó en los esfuerzos de la coalición para defender a Israel de ataques aéreos. En vista de ello, las suposiciones del denunciante están vergonzosamente por debajo de cualquier umbral probatorio”, escribió el juez.
Goldspring también expresó duras críticas a la omisión de la doble nacionalidad de «A» y cómo ello le permite servir en un ejército extranjero: «A pesar de tener conocimiento de esto, la ICJP no consideró oportuno informar a este tribunal sobre ninguna de estas afirmaciones en su denuncia, su resumen del caso ni su alegato principal. Se trata de una omisión grave e inexcusable».
Además, condenó la presentación de la perito Mandy Turner como «independiente» cuando participa activamente actividades y redes sociales.
«La naturaleza partidaria y engañosa de esta prueba pericial se parece más a una propaganda que a un análisis independiente. Nada de esto fue revelado al Tribunal. A mi juicio, debe ser considerada más apropiadamente como una propagandista y activista y no como una experta independiente», escribió el juez.
Goldspring afirmó que esas omisiones constituyen un “ocultamiento de información relevante, lo cual es un factor crucial para determinar un abuso del proceso”.
En términos más generales, concluyó que el “motivo principal” del ICJP no era la búsqueda de justicia por un delito específico, “sino más bien el impulso de una agenda política e ideológica”.
“Los tribunales no deben ser utilizados como un vehículo para el debate político, ‘exponer’ a personas por supuestos delitos que quedan fuera del ámbito del derecho penal, avergonzar a individuos ni destacar una causa en particular en un foro público como una sala de audiencias. Me temo que está a punto de darse este caso”, fustigó el juez.
«Esta denuncia es jurídicamente imperfecta, evidentemente deficiente y procesalmente defectuosa. Constituye un abuso del proceso de este tribunal, impulsado por un motivo indebido y facilitado por graves violaciones al deber de transparencia. Se rechaza la solicitud de citación», concluyó.
El viernes, Goldspring dictaminó que la ICJP debía pagar las costas procesales, cuyo monto determinará posteriormente.
Afirmó que sus faltas fueron “atroces”, que la honestidad y total transparencia son “la piedra fundamental sobre la que se toman decisiones” y que, en este caso, ella “se ha derrumbado”.
No obstante, el juez rechazó sancionar a los abogados, argumentando que actuaron siguiendo instrucciones, que tenían derecho a basarse en lo que les dijeron y que las pruebas no alcanzaban el elevado umbral legal requerido para castigarlos personalmente por mala conducta.
Un portavoz de UKLFI declaró: “La sentencia principal fue una completa reivindicación de la posición de que los ciudadanos con doble nacionalidad británica e israelí que sirven en las FDI no cometen delitos penales en virtud de la Ley de Reclutamiento en el Extranjero”.
“El tribunal rechazó el caso del ICJP en todos sus puntos y formuló una crítica demoledora a la forma en que fue presentada la denuncia”, agregó.
UKLFI afirmó que las conclusiones del tribunal, según las cuales el denunciante no reveló información relevante e incumplió su deber de transparencia, son «especialmente preocupantes» y añadió que la decisión del tribunal de imponerle las costas «refleja la gravedad de dichas faltas».