Itongadol.- (Por Ronen Bergman y Patrick Kingsley – The New York Times -NYT-) Uno de ellos está acusado de secuestrar a una mujer. Otro habría repartido munición. Un tercero fue descripto como participante en la masacre de un kibutz (comuna agrícola) en la que murieron 97 personas. Y todos eran empleados de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), que escolariza, acoge y alimenta a cientos de miles de palestinos en la Franja de Gaza.
Las acusaciones son parte de un expediente entregado al gobierno de Estados Unidos en el que se detallan los reclamos de Israel contra una docena de empleados del Organismo de Obras Públicas y Socorro de la ONU que, según afirma, desempeñaron un papel en los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre o en sus secuelas.
La ONU, por su parte, aseguró el último viernes que había despedido a varios empleados tras ser informada de las acusaciones. Pero poco se sabía de las acusaciones hasta que el NYT analizó el dossier el domingo.
Las acusaciones son las que llevaron a ocho países, entre ellos Estados Unidos, a suspender algunos pagos de ayuda a la UNRWA, mientras la guerra sume a los palestinos de Gaza en una situación desesperada. Más de 26.000 personas murieron allí y casi dos millones fueron desplazadas, según funcionarios gazatíes y de la ONU.
Los trabajadores de la UNRWA fueron acusados de ayudar a Hamás a organizar el ataque que desencadenó la guerra en Gaza, o de ayudarlos en los días posteriores. Según las autoridades israelíes, ese día murieron unas 1.200 personas en el Estado judío y unas 240 fueron secuestradas y trasladadas a la Franja.
Funcionarios de la ONU señalaron inicialmente que los 12 empleados habían sido despedidos, pero el domingo, el secretario general de las ONU, António Guterres, mencionó que nueve habían sido despedidos. Al ser consultado por las acusaciones de Israel el domingo, la UNRWA afirmó que dos de los 12 empleados habían muerto pero que no podía proporcionar más información mientras la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU seguía investigando.
Guterres se describió a sí mismo como «horrorizado por estas acusaciones», pero imploró a las naciones que habían suspendido sus pagos de ayuda a reconsiderar la cuestión. La UNRWA es uno de los mayores empleadores en Gaza, con 13.000 personas, en su mayoría palestinos.
Además, dos funcionarios occidentales confirmaron bajo condición de anonimato que habían sido informados del contenido del dossier en los últimos días, pero dijeron que no habían podido verificar los detalles. Aunque Estados Unidos aún no corroboró por sí mismo las afirmaciones israelíes, funcionarios estadounidenses remarcaron que las consideraron lo suficientemente creíbles como para justificar la suspensión de la ayuda.
El NYT verificó la identidad de uno de los 12 empleados, un encargado de almacén, en cuyo perfil de las redes sociales figura como empleado de la UNRWA y aparece vistiendo ropa de la marca de la ONU.
El dossier israelí, presentado a funcionarios estadounidenses el viernes, enumera los nombres y puestos de trabajo de los empleados de la UNRWA y las acusaciones contra ellos.
El dossier destaca que los oficiales de inteligencia israelíes habían establecido los movimientos de seis de los hombres dentro de Israel el 7 de octubre basándose en sus teléfonos; otros habían sido vigilados mientras hacían llamadas telefónicas dentro del enclave costero durante las cuales, según los israelíes, discutieron su implicación en el ataque de Hamás.
Otros tres recibieron mensajes de texto ordenándoles que se presentaran en los puntos de reunión el 7 de octubre, y a uno se le dijo que llevara granadas propulsadas por cohetes almacenadas en su casa, agrega el expediente.
Los israelíes describieron a 10 de los empleados como miembros de Hamás, el grupo militante que controlaba Gaza en el momento del ataque del 7 de octubre. Otro estaba afiliado a otro grupo militante, la Yihad Islámica Palestina.
Sin embargo, siete de los acusados también eran profesores en escuelas de la UNRWA, donde impartían clases de matemáticas y árabe. Otros dos trabajaban en las escuelas en otros puestos. Los tres restantes fueron descriptos como empleados, trabajadores sociales y encargados de almacén.
Las acusaciones más detalladas del expediente se referían a un consejero escolar de Khan Younis, al sur de la Franja, acusado de trabajar con su hijo para secuestrar a una mujer en Israel.
A un trabajador social de Nuseirat, en el centro de Gaza, se lo acusa de ayudar a llevar a la Franja el cadáver de un soldado israelí asesinado, así como de distribuir munición y coordinar vehículos el día del atentado.
Las acusaciones israelíes se producen en un contexto de fricciones con la UNRWA desde hace décadas. Desde 1949, la agencia atendió a las familias de palestinos que escaparon o se vieron obligados a abandonar sus hogares durante las guerras que rodearon la creación del Estado de Israel.
La organización proporciona ayuda vital a más de cinco millones de refugiados palestinos dispersos por Medio Oriente, cuyo futuro y estatus nunca se resolvió a pesar de años de negociaciones.
Sin embargo, para sus críticos, incluidos muchos israelíes, la agencia es un obstáculo para la resolución del conflicto. Su mera existencia, argumentan, impide que los refugiados palestinos se integren en nuevas comunidades y aviva sus sueños de regresar algún día a lo que ahora es Israel, un objetivo que Israel dice que nunca permitirá. Y en Gaza, advierte Israel, la UNRWA cayó bajo la influencia de Hamás, una afirmación que la agencia rechaza.
Esta no es la primera vez que Estados Unidos cortó el suministro de dinero a la agencia de la ONU. La administración Trump suspendió la ayuda como parte de sus esfuerzos para presionar a los líderes palestinos para que dejen de exigir que se permita a los refugiados regresar a Israel.
Pero la actual amenaza a su financiación se considera la más grave de su historia porque llega en un momento de crisis para el enclave costero.
En medio de las advertencias de hambruna, el colapso del sistema sanitario y el desplazamiento masivo de la población palestina, la labor de la UNRWA se considera más importante que nunca. Ayuda a coordinar la distribución de los suministros de ayuda -por magros que sean- que llegan cada día al sur de Gaza, y sus escuelas dan cobijo a más de un millón de gazatíes, según las estadísticas de la agencia.
Las suspensiones de financiación pueden sentirse rápidamente. A diferencia de otras agencias de la ONU, UNRWA no tiene una reserva financiera estratégica. El domingo, Guterres detalló que podría ser necesario reducir los servicios a partir de febrero.
Un día antes, el comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, advirtió de una catástrofe inminente.
«Sería inmensamente irresponsable sancionar a una agencia y a toda una comunidad a la que sirve por acusaciones de actos delictivos contra algunos individuos, especialmente en un momento de guerra, desplazamientos y crisis políticas en la región», expresó Lazzarini.
El comisionado general de la UNRWA añadió que «las vidas de los habitantes de Gaza dependen de este apoyo, al igual que la estabilidad regional».
El Departamento de Estado estadounidense reconoció el viernes el papel humanitario fundamental desempeñado por la UNRWA, pero dijo que suspendía su financiación mientras evaluaba tanto las acusaciones como la respuesta de la agencia a las mismas.
Los propios funcionarios israelíes estaban preocupados el domingo por si sus acusaciones podrían al final dificultar su propia posición, según tres funcionarios implicados en la discusión. Un colapso en la prestación de servicios a Gaza podría obligar a Israel a asumir un papel más importante en la gestión de la distribución de la ayuda, un papel que no desea tener.
Los informes sobre las acusaciones contra los trabajadores humanitarios llegaron el mismo día en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un fallo provisional sobre las acusaciones de genocidio formuladas contra Israel por Sudáfrica. La CIJ ordenó a Israel tomar medidas para impedir actos de genocidio por parte de sus fuerzas en Gaza y permitir la entrada de más ayuda en el territorio.
Articulo publicado en el NYT con la colaboración de Johnatan Reiss, Julian E. Barnes, Gabby Sobelman y Myra Noveck.