Itongadol.- Unos 200 altos pilotos de combate de la Fuerza Aérea israelí congelaron el viernes su servicio activo en la reserva en protesta por la reforma judicial propuesta por el gobierno, informó N12 el viernes por la tarde.
El grupo de pilotos de alto rango, algunos de los cuales «dirigieron operaciones encubiertas israelíes», según N12, dijeron que tomaron su decisión tras el discurso del primer ministro Benjamin Netanyahu el jueves por la noche y que reconsiderarán su decisión dentro de dos semanas.
Esta supuesta huelga de los pilotos de caza de alto rango se une a una huelga anterior llevada a cabo por 37 de los 40 pilotos de caza destacados en el 69º escuadrón de cazas de la FAI a principios de marzo. Finalmente, los pilotos desistieron de su protesta tras acordarse que dialogarían sobre la reforma judicial como parte del entrenamiento.
En otro incidente ocurrido a principios de este mes, los pilotos de El Al dejaron tirados al primer ministro y a su esposa, Sara, después de que nadie se ofreciera voluntario para llevar a la primera pareja de Israel a Roma para una visita de Estado a Italia.
El jueves se informó de que el ministro de Defensa, Yoav Gallant, tenía la intención de exigir la paralización de la legislación sobre la reforma judicial debido a su posible perjuicio para las IDF.
En una reunión con Netanyahu, Gallant presionó al primer ministro para que detuviera la reforma judicial e intentara llegar a un compromiso. Sin embargo, Gallant canceló finalmente la declaración a petición de Netanyahu.
Los informes señalaron que el ministro de Defensa informó a Netanyahu sobre la división interna dentro del ejército israelí causada por la reforma propuesta, argumentando que las tensiones entre las IDF y el gobierno causadas por la controversia de la reforma judicial se estaban volviendo insostenibles.
Los reservistas de la unidad de inteligencia de élite 8200 también firmaron el viernes una petición en la que prometían negarse a alistarse como voluntarios en el servicio de reserva mientras la legislación sobre la reforma judicial continuara en la Knesset, informó Walla.
«Las acciones del gobierno son una violación de facto del contrato social entre el Estado y sus ciudadanos, que obliga [al gobierno] a actuar por el bien común dentro del marco de las normas y leyes democráticas», dice la petición, enviada a Gallant.